Atendiendo un llamado de la comunidad de Torres del Silencio, el Gobernador Alirio Barrera y el Grupo Gestor de Vivienda, se desplazaron hasta el proyecto para dar respuesta a las 400 familias que claman por la culminación de sus apartamentos.

Sobre la activación de las obras, se informó que la Gobernación a través de una tutela, recuperó los recursos embargados al cogestor del proyecto Iader Barrios, por el Instituto de Vivienda de Paipa, y la asignación de un agente especial interventor para administrar, reiniciar y culminar la obra.

Se informó que después de superado el tema de los recursos, surgió otro inconveniente que no permite reiniciar las obras por más voluntad que tengan todas las partes, y es la ampliación de las pólizas, a lo cual la aseguradora Nacional de Seguros ha puesto múltiples trabas y por más que el Instituto de Vivienda de Paipa ha tratado de subsanar, no se ha obtenido una respuesta positiva.

La Directora de Vivienda Departamental, arquitecta Sandra Lorena Cruz, afirmó que tanto Paipa como la gobernación de Casanare han cumplido con todos los requerimientos hechos por la aseguradora y se están agotando los recursos para la obtención de las pólizas.

“Pese al trabajo conjunto de Paipa, el Idury y el departamento, el proyecto Torres del Silencio permanece suspendido debido a que la aseguradora la Nacional de Seguros no ha expedido la actualización de las pólizas”.

Frente a esto, la administración departamental dio un plazo de 60 días al agente interventor para la obtención de estas, si esto no es posible el contrato con la aseguradora será liquidado y se realizará un nuevo convenio.

Barrera, afirmó que entendía la molestia de los beneficiarios y les dijo que está totalmente comprometido con buscar soluciones sin saltarse la Ley, igualmente les manifestó que el proyecto para la realización de las obras complementarias ya se está formulando y será presentado ante el OCAD, pero no lo aprobarán si los líos del proyecto continúan.

Cómo garantes del proceso y del cumplimiento de los compromisos fueron designados por la comunidad, los diputados Felipe Becerra Vargas y Jaime Montañez, y el concejal Cesar Ortiz Zorro, con la finalidad de efectuar el acompañamiento en las mesas técnicas realizadas por los cogestores y ser garantes de la culminación y entrega de la obra a cabalidad, en pro de la población vulnerable beneficiada en el proyecto y conforme a lo dispuesto en la acción popular que hace parte del mismo.

Sobre el tema de la diligencia de desalojo, por orden del Gobernador la Oficina de Defensa Judicial emitirá los oficios pertinentes para suspender dicha diligencia, además se programó para el próximo martes una mesa de trabajo donde se reunirán todos los integrantes del convenio, entidades de control, veeduría y garantes del proceso.

Tras el embargo del proyecto y la recuperación de los recursos por parte de la gobernación de Casanare, el agente interventor había solicitado el desalojo de los apartamentos para la continuación de las obras.

El Veedor de Torres del Silencia, Gildardo Cetina, afirmó que las obras llevan suspendidas más de 20 meses, en su momento por incumplimiento del contratista, luego por el tema de las pólizas. “Lo importante es que se le ha dicho al gobernador que el objetivo es lograr culminar este proyecto tomando las medidas jurídicas que sean necesarias”, opinó.

El Gobernador afirmó que su voluntad siempre ha sido terminar los proyectos y las obras inconclusas, como se consignó dentro de las metas del plan de desarrollo, en donde se encuentra el cumplimiento de actos administrativos de vigencias anteriores.

“La gobernación ha activado todas alertas para la terminación del proyecto y la entrega de las viviendas a los beneficiarios, no obstante, tanto el tema de los recursos, que fueron recuperados por una tutela interpuesta por el departamento, como las pólizas, están fuera del dominio de la administración departamental”, justificó Barrera.

Para la continuación de la realización del proyecto, la gobernación de Casanare aportará recursos para la ejecución de obras complementarias por un valor máximo de hasta tres mil quinientos millones de pesos.

Respecto al avance en los distintos proyectos de vivienda de la gobernación de Casanare, en San Marcos la obra está ejecutada al 100% y en materia administrativa se cuenta con un avance del 90%. Tarea que no depende del departamento, y corresponde a asuntos propios de la escrituración de los predios, el retraso en el cierre financiero, que provocó la solicitud de prorrogas contractuales para subsanar este inconveniente pese a que los contratistas ya culminaron la obra.

[video=]

[video=]