Mediante fallo judicial emitido en segunda instancia, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal, ordenó al Instituto de Vivienda de interés social reforma de Paipa (Boyacá), reintegrar los dineros públicos del Departamento de Casanare que fueron embargados y que se encontraban bajo contrato de fiduciaria entre el contratista de “Torres del Silencio” Iader Wilheim Barrios Hernández y la fiduciaria Trust Gnb Sudameris S.A.

El fallo firmado por la Juez Fanny Achagua ordena que el desembargó se dé en el término de 48 horas a partir de la notificación y se da en respuesta a una acción de tutela interpuesta por la Gobernación de Casanare, que alegaba vulneración de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, derechos de personas de protección especial tales como desplazados de la violencia.

La decisión revoca el fallo en primera instancia del 27 de diciembre de 2016, proferido por el Juzgado Primero Penal de Adolescentes de Yopal, donde se negaba el amparo de los derechos de los beneficiarios.

El dinero tenía medida de embargo desde el mes de septiembre de 2016, por incumplimientos en proyectos de vivienda en Paipa, pero se incluyó el contrato con la Fiduciaria Sudameris, que se refiere a Torres del Silencio, por lo que la Gobernación de Casanare interpuso la Tutela.

El convenio de Cogestión tuvo un valor inicial de catorce mil ochocientos ochenta millones doscientos pesos $14.884.000.200 y dentro de las clausulas quedó que se giraría la totalidad de los subsidios individuales asignados al encargo fiduciario o cuenta de manejo especial, constituida por el Departamento y el Cogestor, por lo que dentro de los argumentos para desembargar los recursos está que estos pertenecen al Departamento de Casanare con la connotación de dineros inembargables, correspondientes a subsidios de vivienda.

La abogada Nidia Larrota, quien hace parte de la Defensa Judicial de la Gobernación de Casanare informó que se espera concluir con la culminación de las 400 soluciones habitacionales luego de solucionar el impase con los recursos para tal fin.

Viene desalojo

De otro lado, Larrota informó que se hizo la solicitud de lanzamiento de desalojo del proyecto, ante la Inspección Segunda de Policía de Yopal, en consideración a que en los apartamentos estarían viviendo personas ajenas a la lista de beneficiarios que tiene el Idury de los adjudicatarios de los 400 subsidios.