En una carta dirigida a la Licenciada Lilia María Vega Sanabria, Secretaria de Educación de Casanare, el rector del Instituto Técnico León de Greiff, le hizo una radiografía de la difícil situación que genera en la comunidad educativa, la carencia del transporte escolar.

Este el texto de la carta: …”me permito informarle que el Instituto Técnico Agroempresarial León de Greiff es una institución educativa pública rural; nuestros niños, niñas y jóvenes matriculados dependen en un 80% del servicio de transporte escolar que presta la Gobernación de Casanare. En los últimos días, solo han estado asistiendo un 50%, por no decir que un porcentaje menor a pesar, que existen unos buses que los transportan de las diferentes veredas y del casco urbano del municipio de Aguazul a unos “precios cómodos”.

Sin embargo, es de aclarar que no todos los padres pueden pagar esos “precios cómodos” máxime cuando en la institución educativa hay padres de familia que tienen entre dos, tres y más hijos. Existe otro gran número de estudiantes, sobre todo niñas entre los 12 y 17 años, quienes han optado por “echar dedo” a cualquier vehículo o tracto mula que pasa y así poder llegar a la institución educativa a recibir sus clases, so pena del serio riesgo para la integridad personal que esto representa. Y lo que es peor y más preocupante aún, es que en reunión sostenida con la Alcaldía Municipal de Aguazul del 25 de enero del 2012, se nos informó la posible reducción de veinte (20) rutas de transporte escolar en el municipio, entre ellas tres de nuestra institución educativa, con el fatídico y absurdo argumento que no es posible que estudiantes del sector urbano, asistan a clase en el sector rural.

Lo primero que deberíamos analizar cuál es el motivo real del desplazamiento de nuestros estudiantes del sector urbano, al rural; será que ¿Existe una mejor calidad académica y formativa? ¿La modalidad agroempresarial que brinda nuestra institución educativa es la que la comunidad espera para su formación en competencias laborales básicas y específicas? ¿El sector rural no se ha impregnado aún de toda la problemática social que se vive en las instituciones educativas urbanas? ¿Existe un gran número de estudiantes dentro del aula? o simplemente ¿Se trata de una mejor opción en educación? Sea cual fuere el motivo, la verdad es que lamentablemente la política educativa que la Gobernación de Casanare desea imponer éste año, y al parecer sustentando y motivado en la “desaparición” de la regalías, es la de a su vez, “desaparecer” en su totalidad, a las instituciones educativas rurales que se soportan con estudiantes del sector urbano pues, representan un gran costo económico.
Y, el costo social ¿Quién lo asume? ¿El trajinado sector rural?

Desmantelar de estudiantes a las instituciones del sector rural, máxime cuando en la gran mayoría de éstas se ha sufrido y soportado estoicamente y en carne propia la violencia inclemente de nuestro departamento, de nuestra nación; no solamente es darle un golpe certero para su extinción a corto plazo, sino, negarles un desarrollo por el cual han luchado las comunidades más vulnerables y afectadas por la violencia por décadas.

La política gubernamental, contraria de incentivar y promover la educación rural en donde el estado debe, sin discriminación alguna, coadyuvar al fortalecimiento y la protección de éstas, tiene que cambiar su paradigma en el cual, el traslado de estudiantes del sector rural al urbano, si puede suceder; pero jamás se concibe el del sector rural, al urbano.

Debemos recordar algunas máximas contenidas en nuestra Constitución Política en donde reza que todos gozaremos "de los mismos derechos, libertades y oportunidades y de una igualdad real y efectiva", las cuales, no se estarían cumpliendo. También, nuestra carta magna nos dice que "el Estado protegerá especialmente a aquellas personas por su condición económica", y en el sector rural, sí que se presentan necesidades, de toda índole, pues las fuentes de empleo y oportunidades son escasas, casi nulas y lo peor es que aún lo rural es considerado en forma despectiva como un sector arcaico que simbolizaba el atraso y el subdesarrollo. Una verdad innegable es que quiérase o no, las instituciones educativas podrían ser esa "locomotora" para promover el desarrollo regional.

El Estado debe promover igualmente el acceso progresivo y a los servicios de educación con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos y no todo lo contrario como ahora está sucediendo. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Lo cual estaríamos negando flagrantemente si no prestamos un servicio eficiente, de calidad, oportuno y sobre todo pertinente. Necesitamos garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores y no como "sin razón alguna" algunos funcionarios afirman "si quieren estudiar en lo rural, pues que paguen su transporte".

Por falta de una verdadera oportunidad, muchos de nuestros estudiantes son "expulsados" de las zonas urbanas; en éstas nuestros hijos(as) y nietos(as) desempleados, hambrientos y estimulados por el consumismo caen en la tentación del vicio, la prostitución y la delincuencia al no tener más y verdaderas posibilidades pero, a su vez, la ciudad no tiene la capacidad de absorberlos; así, estos jóvenes quienes desearían estudiar en lo rural, podrían y deberían aportar riquezas y servicios a la sociedad en el campo, pero lamentablemente se constituyen en una carga para ella en las ciudades.

En definitiva, con esta política educativa, la cual nos preocupa pues deja a las instituciones educativas rurales en "estado de coma" en ningún momento se reconoce la igualdad y dignidad de aquellos menos favorecidos quienes residen en el sector rural, les estamos quitando toda oportunidad de desarrollo. La grave problemática que se acercaba, ya está aquí, y ninguno de nosotros ha sido tampoco partícipe de una verdadera solución ¿Ésta es conocida por el gobierno central y Ministerio de Educación Nacional? ¿Qué proponen? ¿Cuál es nuestro plan de choque o plan B?

Para finalizar, deberíamos, por el bien de las instituciones educativas del sector rural y de la educación de Casanare, descartar de plano aquellas seudo-soluciones utópicas y mal hechas y mal concebidas que contribuyen a confundirnos más y a perpetuar los problemas que hemos vivido cada año. Porque el agobiado sector educativo rural está exigiendo soluciones de verdad y que sean perdurables en el tiempo; es decir aquellas que, gracias a su factibilidad y realismo, puedan efectivamente ser llevadas a la práctica, por más adversas que sean las actuales condiciones y el pensar de nuestro gobierno.

Lic. Diego Fabián Valencia Fernández - Rector