Un juez le ordenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional hacer un acto de perdón público a los familiares de Daniel Torres Arciniegas y Roque Julio, quienes fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate por la Brigada XVI en Casanare.

El juez condenó a la Nación por su responsabilidad en la ejecución extrajudicial.

Según el falló en este caso existió el objetivo de eliminar a los testigos en medio de la investigación por el asesinato de dos campesinos a manos del Ejército en 2015.

Torres y su hijo fueron amenazados por militares quienes les reclamaban por haber rendido testimonio en su contra.

Ambos fueron asesinados pese a haber pedido medidas de protección y su familia tuvo que abandonar su finca en la vereda El Triunfo, zona rural del municipio de Aguazul.

El juzgado ordenó a las entidades demandadas indemnizar a los familiares de las víctimas por los daños morales y perjuicios económicos por el desplazamiento forzado que sufrieron.

Por el mismo caso, el general Henry William Torres Escalante, es investigado por el delito de homicidio de persona protegida. Al general en retiro se lo acusa de haber ordenado esos crímenes cuando fue comandante de la Brigada XVI, entre diciembre del 2005 y julio del 2007. Y de encubrir a otros oficiales involucrados en otros ‘falsos positivos’.

En la audiencia en la JEP negó haber cometido estos hechos. “Mi sometimiento es para que se practiquen pruebas necesarias para que se sepa la verdad y de ser el caso me perdonen y proceda la reparación", dijo.

El falso positivo

El 16 de marzo del 2007 aparecieron muertos en la vereda El Triunfo del municipio Aguazul, en Casanare, Daniel Torres Arciniegas y su hijo Roque Julio Torres, de 17 años. El informe de la operación entregado por miembros del Grupo Especial Delta 6, perteneciente a la Brigada XVI del Ejército, reportó que los muertos hacían parte de la compañía ‘José David Suárez’ del ELN.

Pero un expediente de 288 páginas de la Fiscalía prueba que ese día Daniel y Roque Julio salieron de su casa a recoger un ganado que debían entregarle al carnicero de la vereda Pajarito, que iban desarmados y que fueron interceptados por un grupo de soldados bajo el mando del teniente Marco Fabián García Céspedes, quienes los asesinaron a sangre fría.

Sus cuerpos fueron manipulados para que la escena hablara de un enfrentamiento. A uno de ellos le pusieron un revólver calibre 32 sin munición y al otro, una pistola hechiza con capacidad para un solo tiro.

Entre las pruebas contra el general, la Fiscalía encontró que conocía a las víctimas y sabía que habían denunciado los asesinatos. Además, había recibido un informe del DAS que los señalaba como supuestos milicianos del Eln, lo que, dice la Fiscalía, los convirtió en objetivo militar.

El expediente dice que el general –quien fue condecorado con la orden de Servicios Distinguidos por llegar a las 150 bajas– “utilizó su investidura y la confianza depositada para lograr su cometido, que no era otro que silenciar de manera definitiva a quienes venían poniendo al descubierto los homicidios que estaba cometiendo el Ejército en la zona”.