Un juez de Saravena (Arauca) condenó a 15 y 12 años de prisión por los delitos de secuestro agravado y acceso carnal violento, a dos suboficiales en servicio activo del Ejército Nacional, en hechos ocurridos en septiembre de 1999. Además ordeno al Ministerio de Defensa pagar más de 483 millones de pesos por daños y perjuicios a la víctima.

Los agresores, que en un principio se identificaron como miembros de la guerrilla, resultaron ser dos suboficiales en servicio activo del Ejército que esa noche habían ingerido licor y conducían un vehículo destinado a la estación de policía municipal.

La joven víctima estaba en la plazoleta de Tame (Arauca) y fue abordada por dos hombres que la obligaron a subir a la moto en que se movilizaban.

De allí fue llevada a un lugar solitario donde fue violentada sexualmente por los hombres que se identificaron como miembros de la guerrilla, pero que tras las investigaciones se conoció que eran suboficiales en servicio activo del Ejército.

La familia de la víctima demandó al Estado, pero el Tribunal Administrativo de Arauca negó las pretensiones en primera instancia.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, señaló que el Estado tiene la obligación de proteger a las personas de los actos criminales que puedan cometer sus propios agentes u otros individuos, más aún cuando se trata de prevenir y proteger a la mujer de cualquier forma de violencia o discriminación en su contra. “Aunque la violencia sexual ejercida por algunos miembros de la Fuerza Pública debe interpretarse como un fenómeno atribuible a agentes individualmente considerados y no como una práctica general de la institución, es innegable que los altos índices de participación de miembros de esa institución en tales hechos evidencian una situación que, cuando menos, debía alentar a la entidad a adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar su ocurrencia”, indica la sentencia.

La Sala señala que la agresión a esta mujer hace parte de un contexto general de violencia contra la mujer en el marco del conflicto armado interno, pues para la época de los hechos, la violencia sexual en medio de la guerra era un fenómeno extendido y sistemático, en el cual participaban, aunque en menor escala, miembros de la Fuerza Pública.

“El crimen cometido tenía un propósito múltiple: no solo pretendía la satisfacción de la lascivia de los agresores, sino que, además buscaba el desprestigio del enemigo, mediante la imputación falsa de una conducta criminal específica para lograr sobre él una ventaja militar. Este tipo de acciones son típicas de la guerra y, en la medida en que implican la utilización de la población civil para fines estrictamente relacionados con el conflicto, comprometen la responsabilidad del Estado”, explica la sentencia.

El fallo también hace un llamado a las fuerzas armadas y a la Fiscalía General para que eviten que sus funcionarios incurran en conductas discriminatorias o en prejuicios de género al adelantar investigaciones y, especialmente, al interrogar a víctimas y testigos en casos de violencia contra la mujer.

El Ministerio de Defensa tendrá que pagar más de 483 millones de pesos por los daños y perjuicios ocasionados a la víctima y a su familia, y además, tendrá tres meses para diseñar e implementar un programa de capacitación de los miembros del Ejército Nacional que cumplen funciones en el departamento de Arauca, orientado a la amplia difusión y socialización de los derechos de la mujer.

Esta sentencia fue nominada a los premios “Género y Justicia al Descubierto” de la Organización Internacional Women´s Link Worldwide, los cuales buscan resaltar las decisiones de los Altos Tribunales en el mundo que han ayudado a la equidad de género.