Frente a los supuestos llamados a un paro armado por parte de grupos armados ilegales, bajo amenazas contra la vida y la integridad de los ciudadanos, el Defensor del Pueblo Carlos Camargo consideró que estos hechos constituyen una forma de confinamiento y una grave violación contra la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos, que además afectan de manera directa el derecho al trabajo, a la educación y  a la alimentación, entre otros.

“Los grupos armados ilegales deben mantener al margen de sus acciones a la población civil. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo rechazamos de forma contundente este tipo de amenazas, que además se dan en el marco de un proceso pre electoral y por lo tanto, afectan el ejercicio del derecho democrático a elegir y ser elegidos”, dijo Carlos Camargo.

Precisamente la Defensoría del Pueblo acaba de advertir que en el proceso electoral del país hay riesgo extremo y alto de vulneración de derechos en 274 municipios del país, por lo que sumado a estas nuevas amenazas contra la población civil, el Estado debe tomar de forma urgente acciones preventivas e impulsar la respuesta rápida y efectiva de sus instituciones para la protección de los derechos de la ciudadanía.

“El Estado colombiano no puede permitir que a través de amenazas se pretenda restringir el derecho a la movilización en ninguna parte del territorio nacional”, enfatizó el Defensor del Pueblo.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo requirió a todas las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, para  que protejan las vías y aseguren con ello los derechos de la ciudadanía frente a las acciones y amenazas de grupos armados ilegales que puedan afectar a la población, particularmente a las comunidades más vulnerables.