La Fundación de Derechos Humanos de Arauca, "Joel Sierra", emitió una alerta frente a lo que describió como “un plan sistemático de exterminio”, dirigido contra comunidades y sus líderes, refiriéndose al ataque armado ocurrido este domingo en la vereda La Arabia, municipio de Tame.

Según el comunicado de la Fundación, un grupo armado, identificado como disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), perpetró un ataque en el caserío Pueblo Seco. El atentado, que incluyó la detonación de un artefacto explosivo en las instalaciones de la Cooperativa Agropecuaria del Sarare, no solo generó daños materiales significativos sino también en el asesinato del campesino Jorge Luis Meléndez Torres, miembro activo de la Junta de Acción Comunal. En un giro aún más dramático, el líder comunal y representante de las víctimas en el municipio, Graciel Mendoza, fue secuestrado y posteriormente encontrado sin vida cerca de la vereda Caño Verde. 

La situación se agrava con la circulación de un video en el que uno de los cabecillas del grupo paramilitar admite la responsabilidad de estos crímenes, argumentando falsamente que las víctimas eran integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Además, el comunicado subraya la estigmatización, señalamientos y amenazas dirigidas contra el personero del municipio de Tame, así como las constantes intimidaciones a líderes sociales en la región.

Estos hechos, según la Fundación "Joel Sierra", no son incidentes aislados sino partes constitutivas de un genocidio en curso contra el movimiento social colombiano, sus dirigentes y proyectos comunitarios. La denuncia incluye un llamado urgente al Estado colombiano para desmantelar estructuras paramilitares, realizar investigaciones exhaustivas y oportunas, y desarrollar políticas públicas que prevengan la estigmatización y protejan la vida e integridad de los líderes sociales, cumpliendo así con las obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

La Fundación también convocó a la comunidad nacional e internacional a exigir al Estado colombiano el cumplimiento de estas responsabilidades y expresó su solidaridad con la comunidad de la vereda La Arabia, lamentando la pérdida de dos valiosos miembros y líderes.

Concluyó reafirmando su compromiso con la defensa de la vida, los derechos humanos y la resistencia pacífica en el territorio, subrayando la legalidad y legitimidad de su acción social ante estos preocupantes acontecimientos.