A través de un comunicado divulgado este 5 de mayo, el Frente de Guerra Oriental del ELN señaló que realizó un “juicio revolucionario” contra los 2 integrantes de la Policía y dos de la Fiscalía, secuestrados en Arauca hace casi un año. Según la organización ilegal, el proceso interno concluyó con la imposición de sanciones que denomina “prisión revolucionaria”.

Los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación CTI retenidos el 8 de mayo de 2025 en el municipio de Fortul, deberán permanecer bajo custodia por 60 meses para Jesús Antonio Pacheco Oviedo, y 55 meses para Rodrigo Antonio López Estrada.

Mientras que para los integrantes de la Policía adscritos a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), que fueron secuestrados el 20 de julio de 2025 en la vía Tame – Arauca, se fijaron sanciones de 36 meses de retención para Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza.

 En el comunicado, el Frente de Guerra Oriental indicó que el proceso interno incluyó la lectura de cargos contra los retenidos, a quienes atribuyó distintas conductas. En el caso de los funcionarios del CTI, se mencionaron señalamientos relacionados con supuestas acciones contra la población civil, sin que en el material divulgado se presentaran soportes documentales.

El anuncio del grupo armado se produce una semana después de que el grupo insurgente difundió videos en los que aparecían los secuestrados como prueba de supervivencia. En esas grabaciones, los funcionarios enviaron mensajes a sus familiares y solicitaron gestiones al Gobierno Petro para su liberación.

 La Fiscalía General de la Nación en un comunicado exigió la liberación inmediata de los secuestrados al enfatizar que, “Colombia es un Estado Social de Derecho, que se rige por la Constitución de 1991, cuyo mandato establece que son los jueces, las instituciones que integran la Rama Judicial y los organismos del Estado, los encargados de administrar justicia.  El respeto por la vida, la integridad y la libertad de los colombianos es un principio básico del Estado Social de Derecho. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación reiteran el llamado al respeto por la vida y la libertad de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y de los integrantes de la Policía Nacional, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, al tiempo que agradecen a las personas, organizaciones  y autoridades que mantienen activos los canales humanitarios para lograr su liberación sin condicionamientos. El uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia. La experiencia de años de conflicto armado ha demostrado que el secuestro solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país. Los servidores judiciales y los agentes de la Policía Nacional, secuestrados por el denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca el año pasado, deben ser liberados sin condicionamiento alguno como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización ilegal armada”.

También se conoció el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo señalando que, “Estas personas llevan cerca de un año secuestradas con afectaciones a su salud física y mental, afectaciones que se agravan y aumentan su sufrimiento y el de su familia y seres queridos, así como agrava la preocupación por su bienestar y, particularmente, niegan a sus hijos e hijas el derecho a crecer con sus padres. Al ELN le exigimos la liberación inmediata de los cuatro funcionarios y de todas las personas secuestradas en Arauca, así como el respeto pleno de su vida, su integridad y su libertad. Al Gobierno nacional le solicitamos fortalecer las acciones orientadas a su liberación. Expresamos nuestra solidaridad con quienes permanecen secuestrados y sus familias y reiteramos nuestra disposición a contribuir a su liberación incondicionada e inmediata”.

Entre tanto, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, manifestó categórico rechazo ante la pretensión inaceptable del ELN. “El secuestro no es justicia, es un delito. Es un ataque a un país y un ultraje a la dignidad humana. El Procurador General desconoce rotundamente el poder de juzgamiento a civiles por parte de criminales, terroristas, narcotraficantes, enemigos de la democracia y la paz”. Instó al Gobierno Nacional a tomar las acciones pertinentes para buscar la libertad de los funcionarios secuestrados, mantener el respeto y la salvaguarda del orden nacional y expresó su completa solidaridad con las familias de los funcionarios y exigió la liberación inmediata y sin condiciones.