Desde la madrugada de este lunes 4 de agosto, el sector minero de Boyacá inició una serie de bloqueos como parte de un paro indefinido convocado para exigir garantías por parte del Gobierno Nacional. Los empresarios del sector carbonífero en Boyacá argumentan que ya no tienen a quién venderle el carbón ni cómo pagarles a sus empleados. Según los directivos del gremio, la postura del Gobierno frente a la no exportación del carbón, junto con cargas tributarias adicionales, ha reducido drásticamente la demanda del producto a nivel local, más de 1.000 trabajadores directos en Paipa podrían quedar sin empleo en las próximas semanas debido a la falta de ingresos para cubrir nóminas.

Además, se prevé que se generen nuevas concentraciones y puntos de protesta en las próximas horas. En Paipa, se espera una manifestación en el sector del puente Armando Solano, mientras que en Belén los manifestantes se congregarán en el conocido “Topón”. En Sogamoso, se contempla la glorieta Gustavo Jiménez como un nuevo foco de protesta. Las autoridades han alertado sobre la posibilidad de que más bloqueos se sumen a medida que avance el día,  lo que podría agravar aún más las afectaciones al tránsito.

Aunque las protestas se desarrollan principalmente en el centro y oriente de Boyacá, también ha aumentado la tensión en el occidente del departamento, luego de una intervención de la fuerza pública en zonas de minería ancestral. La Asociación de Mineros Ancestrales de Coscuez, denunció que la Policía destruyó maquinaria y herramientas utilizadas en la minería artesanal, lo que fue considerado una agresión directa a su modo de vida.

Las manifestaciones, que se están llevando a cabo mediante el bloqueo con vehículos de carga, impiden la movilización de productos. Los voceros del gremio minero, afirmaron que el paro no solo involucra a sus trabajadores, sino a toda la comunidad que depende de la actividad minera en la región. 

En respuesta a la situación, la Policía Nacional desplegó un operativo con más de un centenar de uniformados con el objetivo de garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos en las zonas afectadas por los bloqueos.