Por: Norbey Quevedo Hernández – elespectador.com

Desde noviembre del año pasado el Ideam advirtió, a nivel nacional, que durante los primeros meses de 2014 se registraría uno de los veranos más fuertes en el país.

Una alarma que fue ratificada el pasado 22 de enero por el Ministerio de Ambiente, al punto que se declaró la alerta roja. En ese momento, la advertencia se reiteró principalmente para la Costa Atlántica, parte de la región Andina y la Orinoquia. Pese a eso, hoy cuatro meses después, el país enfrenta una de las mayores tragedias ecológicas de los últimos tiempos y se buscan responsables.

El más reciente balance oficial muestra datos desalentadores. Según cifras de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia), entidad responsable de la gestión y protección de los recursos ambientales de los departamentos de Arauca, Vichada y Casanare, se estima que la ola de calor dejó 5.935 animales muertos, entre chigüiros, peces, tortugas, reses, cerdos y babillas. Una población que vivía en un área aproximada de 76 mil hectáreas.

Una tragedia ambiental que se conoció el pasado 13 de marzo por las denuncias de los campesinos de la zona, quienes empezaron a advertir cómo decenas de especies estaban muriendo por sed. Uno de ellos explicó que lo que sucedió inicialmente es que los hacendados de la región hicieron jagüeyes, pozos especiales dentro de las fincas, que por su diseño no permitían que otros animales silvestres pudieran tomar agua o refrescarse.

Sin embargo, el pasado martes 25 de marzo, las autoridades hicieron una visita especial a Corporinoquia en Yopal con el propósito de escuchar explicaciones sobre lo que pasó.

La ingeniera Martha Jhoven Plazas Roa, directora de la Corporación, comentó a los investigadores que la zona de afectación correspondió a las veredas Caño Chiquito, Centro Gaitán y Normandía, del municipio de Paz de Ariporo. La funcionaria señaló, además, que fue este municipio el único que reportó la situación y calculó el área de afectación en 276.000 hectáreas, en donde 76.000 corresponden a las veredas más afectadas y los puntos más críticos.

En su declaración, Plazas Roa argumentó que la falta de agua fue consecuencia del cambio climático, y tomando como referencia que el Casanare es una sabana lluviosa, en el presente año se está presentando un verano acíclico, es decir, que se extendió por más tiempo de lo normal.

La directora de Corporinoquia explicó que el invierno del año anterior no estuvo bien marcado y las lluvias fueron escasas, por lo tanto, los reservorios, esteros, pozos y caños no almacenaron el agua suficiente para el verano. “Aunados a esta situación todos los factores climáticos, como la evaporación, las altas temperaturas y el brillo solar, hicieron que el agua se perdiera rápidamente, presentándose la emergencia”.

No obstante las explicaciones de la funcionaria a los investigadores de los organismos de control, las inquietudes frente a quiénes son los responsables de la tragedia ambiental se centran en tres grupos: los ganaderos, los arroceros y los petroleros. El Casanare es una región de 44.490 kilómetros cuadrados, que nació como departamento en 1991, con una población de 338 mil habitantes en 19 municipios, con Paz de Ariporo como el de mayor área rural. Y lo que comenzó desde 1973, cuando se formó como una intendencia dedicada a la agricultura, especialmente por sus extensos cultivos de arroz de Aguazul y Yopal, pasó a la tala de grandes extensiones de bosques, por el conflicto armado y por la crisis económica que sufrieron los arroceros por el contrabando, migraron al cultivo de pastos para la ganadería.

Pero fue en 1991 cuando la economía de la región dio un giro radical. Por la época se descubrieron los campos petroleros de Cusiana y Cupiagua. Un boom que le permitió al departamento tener 30 pozos situados en el denominado Piedemonte Llanero. Desde entonces se presentó una fuerte controversia por los problemas que se generaron en Casanare, porque su ecosistema se alteró notablemente y la erosión de sus suelos se fue haciendo más evidente con los años. Cifras del Ideam muestran que la deforestación en la región llegó a las 7.115 hectáreas y la cobertura vegetal de la región es inferior al 12%.

Hoy, en el departamento, tienen negocios las petroleras Geopark, Perenco, Pacific Stratus Energy, Parex, New Granada Energy, Cepcolsa, Petrominerales, Ecopetrol, Canacol, Interoli, Adventage, entre otras. La población casanareña les cobra responsabilidad en la tragedia ambiental. Se estima que a diario estas empresas extraen 13.000 barriles. Sea por el sistema de breaking, una especie de explosión interna, o utilizando la sísmica que se hace generando ondas, el consumo de agua es enorme y al igual que con la agricultura o la ganadería en la región la erosión es evidente.

De hecho, recientemente la comunidad ganó la consulta popular en Tauramena para evitar la explotación del crudo. Al ser consultada esta semana por la prensa sobre las quejas de la comunidad, por la utilización de la sísmica para explotar petróleo, la ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, respondió que el asunto está en investigación.

Las petroleras se defienden de los cuestionamientos y argumentan que fomentan el empleo, las exportaciones y la responsabilidad social. En el transcurso de la semana, cuando se conoció sobre la emergencia, se reunieron y aportaron cerca de $600 millones para la compra de retroexcavadoras, volquetas y orugas para mitigar la crisis.

También hicieron una donación de 100 viajes de carrotanques al día, con una capacidad de 320.000 galones, para los sectores afectados de Paz de Ariporo.

Paradójicamente, El Espectador revisó las licencias ambientales otorgadas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) durante 2012 en Paz de Ariporo (Casanare) para explotar proyectos petroleros y encontró varias adjudicadas. Por ejemplo, mediante la Resolución 0232 del 19 de abril de ese año, se le otorgó licencia ambiental a la compañía Parex Resources de Colombia Ltd. Sucursal, para explotar el proyecto Llanos 57.

El 25 de abril de ese año, mediante la Resolución 0253, la ANLA autorizó la cesión de Energy Sucursal Colombia a Tabasco Oil Company Lic. para ejecutar el proyecto Bloque de Perforación Exploratorio Jagüeyes B, ubicado en Paz de Ariporo. El 7 de mayo la misma entidad expidió la Resolución 310 otorgando licencia a la firma Ldh Energy Sucursal Colombia con el fin de desarrollar la perforación exploratoria del Bloque Llanos 18, en el mismo municipio.

Lo propio sucedió el 20 de diciembre de 2012, cuando la ANLA le entregó licencia ambiental a la empresa Adventage Energy Sucursal Colombia dentro del proyecto Área de Perforación Exploratoria Caños Los Totumos, para ejecutarlo también allí. En estos cuatro casos la licencia fue entregada por la entonces directora de la ANLA, Luz Helena Sarmiento, quien actualmente es la ministra de Ambiente. La funcionaria fue designada el 7 de noviembre de 2011 como directora de la entidad de licencias y desde el 11 de septiembre de 2013 fue nombrada en la cartera de Ambiente por el presidente Juan Manuel Santos.

Retomando la visita, en el acta especial de 16 páginas que hicieron las autoridades a funcionarios de Corporinoquia, sus directivos reportan que efectuaron agendas ambientales para evitar la tragedia. Señalan que emitieron normas para el manejo adecuado de proyectos, así como el uso de la sísmica. Además que se adquirieron 11 predios por $1.312 millones en convenios para cuencas abastecedoras e indicaron a los investigadores que entre el 15 y el 23 de marzo se hizo una brigada en Paz de Ariporo.

Las explicaciones de los funcionarios a los investigadores concluyeron con el desarrollo de un plan para mitigar la emergencia que incluyó personal y convenios. Denunciaron que Corporinoquia no tiene capacidad logística suficiente para afrontar la crisis. “No hay una normatividad sobre las sabanas inundables y mucho menos estudios que fundamenten el tratamiento para estas zonas. Se requieren dineros exponencialmente asombrosos”, finalizaron los servidores.


Pero los organismos de control ya hicieron un primer informe preliminar sobre los resultados de la visita y concluyeron que Corporinoquia no realizó acciones preventivas sobre el área de afectación ni adelantó actividades de mitigación de impacto ambiental de la explotación petrolera, porque esto le corresponde a la ANLA. En este sentido, señalaron que se han impuesto sanciones a las empresas por incumplimiento de normas, en baja proporción y sin mayor significancia en la cuantía de las sanciones.

Los expertos consideran que la mortandad de animales se puede prevenir creando áreas protegidas. Otros destacan que se debe replantear la perforación y el manejo de los pozos profundos por parte de la industria petrolera. Académicos sugieren hacer obras de ingeniería y adecuar los distritos de riego. Lo cierto es que la mortandad de animales continúa en Paz de Ariporo y, como van las cosas, buscar responsables será otra tarea titánica.

Advierten que el verano continuará

El Ideam declaró en alerta roja los departamentos de Casanare, Arauca, Meta, La Guajira, Magdalena, Atlántico y la zona norte de Bolívar, en razón a la sequía que presentan desde el mes de enero y ante la posibilidad de incendios forestales.

En el caso del departamento del Casanare, el organismo diagnosticó que el verano durará por lo menos dos semanas más. A partir del 15 de abril se tiene previsto que comiencen las primeras precipitaciones, además del Casanare, en departamentos cercanos como Arauca y Meta. Según el Ideam, en algunas zonas del país, el verano extremo ha generado registros críticos de sequía en ríos, quebradas y afluentes.

Entre tanto avanzan las indagaciones en organismos de control. Procuraduría dio plazo perentorio para entrega de documentos a Corporinoquia, así como a la Contraloría General de la República. En el caso de la Fiscalía, ésta llamó a rendir explicaciones al gobernador del Casanare, Marco Tulio Ruiz, y al alcalde de Paz de Ariporo, Édgar Bejarano.

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