La Sección Tercera del Consejo de Estado le ordenó a la Nación el pago de una indemnización al ex gobernador del Casanare, Miguel Ángel Pérez Suárez, cuya elección fue anulada. El alto tribunal declaró responsable a la Rama Judicial al considerar que el fallo no se ajustó a derecho.

El tribunal ordenó el pago de una indemnización de más de 300 millones de pesos por perjuicios materiales y morales causados al ex mandatario, al estimar que los jueces, por su decisión, ocasionaron un daño por el error judicial.

Pérez Suárez fue elegido en reemplazo de Emiro Sossa Pacheco, quien había sido designado gobernador para el periodo 1995-1997 y a quien se le anuló su elección. Por eso, se estimó que el nuevo mandatario local debía cumplir el periodo institucional para el cual fue elegido el funcionario anterior y no un periodo individual de tres años (1996-1999), por lo que su elección se anuló.

El demandante afirmó que dicha posición del Consejo de Estado desconoció la jurisprudencia constitucional existente, que determinó que el periodo de los gobernadores era personal e individual y por tres años, como lo disponía en ese momento el artículo 303 de la Constitución. Dicho argumento fue acogido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y declaró la responsabilidad de la Nación.

La Sala explicó que “independientemente de la jerarquía, en el Estado Social de Derecho, toda autoridad pública está potencialmente expuesta a generar un daño antijurídico, que ningún asociado está obligado a soportar. En ese sentido, que el daño provenga de una Alta Corporación, no constituye una razón suficiente para exonerar al Estado de responsabilidad”.

Miguel Ángel Pérez, estuvo involucrado en un proceso por enriquecimiento ilícito de particulares luego de aparecer en un video recibiendo 500 millones de pesos de presuntos paramilitares de Casanare. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a seis años de prisión al Gobernador.

Los magistrados tuvieron en consideración el contenido del vídeo en el que aparece Pérez Suárez, reuniéndose en una casa a las afueras de Yopal, con un supuesto emisario de los jefes de las autodefensas, quien le hacía entrega de un bolso con la gruesa suma de dinero, para la financiación de su campaña política.

Luego de analizar la solidez de las pruebas, la Procuraduría le había pedido a la Corte Suprema que condenara a Miguel Ángel Pérez, por el delito de enriquecimiento ilícito.

A lo largo de ese proceso, el gobernador de Casanare sostuvo que fue víctima de un montaje realizado por los paramilitares que dirige alias "Martín Llanos".
Pérez Suárez manifestó ante los magistrados durante las audiencias públicas, que en efecto había sostenido esa reunión "pero cuando su interlocutor le manifestó la procedencia del dinero, inmediatamente lo rechazó".