La Contraloría Departamental de Casanare respondió al Informe de Índice de Transparencia Departamental realizado por la Corporación Transparencia por Colombia, al que calificó de carecer de parámetros claros de objetividad.

El índice de transparencia de las entidades públicas es una evaluación desarrollada sobre las vigencias 2013 y 2014, en el cual hacen referencia a las Contralorías Departamentales y entidades territoriales del país.

Según la Contraloría de Casanare, el informe carece de parámetros claros de objetividad y la imposibilidad de medición de factores.

La Contralora Departamental Carmenza Motta, en carta dirigida a la directora ejecutiva de la corporación transparencia por Colombia Elizabeth Ungar Bleier, precisa que durante las vigencia 2012,2013 y 2014, la Contraloría de Casanare “ha dado resultados y cifras record en las actividades de control fiscal, siendo así que se han adelantado más de 215 auditorías, más de 800 trámites de denuncias ciudadanas, más de cien mil millones de pesos en hallazgos fiscales trasladados a los procesos de responsabilidad fiscal…”

“Contralorías regionales, las que tienen más riesgo de corrupción”: Corporación Transparencia por Colombia

Elisabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, señaló que las contralorías regionales, cuya misión principal es controlar el manejo eficiente y pulcro de los recursos de los entes territoriales, tienen más alto riesgo de corrupción que sus vigilados.

Según el último informe de Transparencia por Colombia a 28 ciudades capitales, 13 municipios pequeños, 32 gobernaciones y 32 contralorías, las cifras son vergonzosas. Las contralorías departamentales obtienen un promedio general de 55 sobre 100. Es decir que el 56% de esas entidades del orden departamental se encuentran en nivel alto y muy alto de riesgo de corrupción. De hecho solo dos contralorías logran un nivel moderado de riesgo, es decir que pasan raspando. Son ellas, Huila y Meta.

Otras entidades mal libradas

Las Gobernaciones lograron una calificación promedio de 59 y los municipios, 57. Unos cuantos puntos por encima de las contralorías. Pero de nada sirve porque de acuerdo con el estudio, las tres mediciones señalan un alto riesgo de corrupción.

Los resultados de la evaluación muestran una institucionalidad departamental débil y plagada de fallas en el diseño de su proceso de gestión. Esta situación eleva la posibilidad de que la misión de estas entidades no se cumplan y se arriesgue la gestión de los recursos púbicos.

En el caso de las gobernaciones, solo cuatro están en riesgo moderado de corrupción: Antioquia, Santander, Caldas y Meta. Todas las demás están en los niveles medio y alto. Y las peores en el ranking son Putumayo, La Guajira, Caquetá, Guainía, Vaupés y Chocó.

En cuanto a los municipios, Barranquilla y Pereira pasan raspando, mientras que las demás ciudades capitales dejan mucho que desear en sus procesos de transparencia. Los peores son Puerto Carreño, Quibdó, Inírida, Mitú, Sincelejo y Leticia.

¿Cuáles son los riesgos mayores de corrupción?

Los primero que hay que decir es que los candidatos, en campaña, siguen mintiendo. Cuando llegan a ocupar los cargos públicos, las promesas de luchar contra la corrupción se van a la caneca. Por tal razón, en las gobernaciones las nuevas prácticas de transparencia alcanzaron 53 puntos y en los municipios, 51. Estas iniciativas se quedan en el dicho y no en el hecho.

Lo más crítico de la evaluación que hace Transparencia es la pobre o nula divulgación de la información pública sobre la oferta de programas sociales. Vale la pena mencionar que el país estrena Ley de Acceso a Información, que entre otras obliga a que las entidades divulguen públicamente todo lo que ejecutan. Pues bien, lo de datos abiertos sigue siendo un anhelo en Colombia. La calificación que obtienen los sitios web de las alcaldías es de 26 sobre 100. Uno de los programas menos transparentes en cuanto a su información es Familias en Acción.

Otro problema grave es que no se informa sobre la ejecución presupuestal. Los sitios web de los municipios se rajaron sacando 46 sobre 100. Es decir que los colombianos no tenemos acceso público y abierto a la ejecución del Sistema General de Participaciones, el Sistema General de Regalías y los recursos propios de las entidades del Estado.

El indicador de ‘meritocracia’ obtiene cero en alcaldías, solo una gobernación aplicó un proceso de méritos para el nombramiento de un funcionario en un cargo. Y ello dice mucho porque en el 76 por ciento de las entidades, el 75 por cientos de los servidores están vinculados por prestación de servicios.

Precisa Transparencia por Colombia que en las entidades del Estado no hay garantías en el sentido que allí trabajen los mejores, como tampoco hay garantías laborales en cuanto a estabilidad y capacitación. En este análisis las gobernaciones alcanzaron 47 puntos en la calificación y los municipios, 48, de 100.

En lo que tiene que ver con contratación estatal, las prácticas de riesgo prevalecen. Allí la calificación siguen siendo por debajo del promedio: Municipios, 58 puntos y gobernaciones, 47. Solo el 78% de las licitaciones de las alcaldías tuvieron supervisión y en los departamentos la reina sigue siendo la contratación directa, conllevando a prácticas como el fraccionamiento de contratos.

¿Cómo se mide el índice de Transparencia?

El ITN O Índice de Transparencia Nacional, mide las condiciones que tienen las instituciones para favorecer las transparecia y controlar posibles riegos de corrupción. Para calcilarlo se califican y promedian tres variables.

Visibilidad: Disposición de la entidad para facilitar el acceso a la información sobre su gestión aministrativa y la calidad de los datos que se pueden consultar.

Sanción: Los fallos de responsabilidad fiscal y disciplinaria que han afectado a la entidad que se evalúa así como la eficiencia de las oficinas de control interno.

Institucionalidad: El cumplimiento de las normas, procesos y procedimientos que rigen la entidad.