Información de eltiempo.com

A través de la Superintendencia de Notariado y del Incoder, acaba de lograr que el Tribunal Superior de Yopal (Casanare) le permita a esas entidades entrar demostrar que 20.377 hectáreas pertenecen a la Nación y no pueden ser entregadas a terceros como lo ordenaron fallos judiciales.

En mayo del 2014, el diario El Tiempo denunció que esas hectáreas habían sido reclamadas por finqueros y comerciantes a través de procesos de pertenencia que no le notificaron al Incoder, evitando su defensa.
Los baldíos entregados por esa vía equivalen en extensión a tres veces el municipio de Medellín y están concentrados en su mayoría en Casanare y Meta.
Uno de los casos documentados es el del finquero de Monterrey (Casanare) Carlos Eduardo Contreras Valero, quien se hizo a cerca de 11.000 hectáreas del predio denominado Maraure I y II, cerca de Tauramena.

Y ese lote es el que encabeza las tutelas ganadas por el Incoder y la ‘Súper’. El finquero obtuvo la propiedad de la tierra en una sentencia del juzgado promiscuo de Monterrey (Casanare). Pero, según fuentes del Gobierno, la va a tener que devolver cuando se pruebe que son baldíos.

Los predios

Igual pasará con los particulares que reclamaron como suyos Los Portillos, 1.250 hectáreas; La Palmita, 743 hectáreas; La Fatiga, 2.251 hectáreas; Santa Fe del Remanso, 246 hectáreas; El Palmar, 1.379; El Chalán, 200 hectáreas; Canta Ranas, 12,6 hectáreas; Candileja, 277,96 hectáreas, y La Veremos, en Hato Corozal, con 3.117 hectáreas.

Y ya están identificados 47 casos más que involucran 43.847 hectáreas.

Y si bien aún falta que el Tribunal Superior de Yopal avale la evidencia de que esas hectáreas son baldíos, la ‘Súper’ y el Incoder creen tener argumentos suficientes para lograr un fallo a favor de la Nación. Si todos se recuperan, como espera el Gobierno, irán directo al Fondo de Tierras para la Paz.

“La clarificación en estos casos es muy fácil y el Gobierno tiene todas las herramientas para defender sus baldíos”, aseguró el Superintendencia de Notariado, Jorge Enrique Vélez.

Por ejemplo, los predios no presentan antecedentes registrales, por lo que se evidencia, de entrada, que son baldíos de la Nación.

Además, la mayoría de demandas son interpuestas contra “personas indeterminadas”, lo que es improcedente en un proceso de pertenencia. Y en ningún caso, el Incoder fue notificado para que defendiera el patrimonio público, siendo el único competente para determinar si se trata de un baldío imprescriptible.

Adicionalmente, el hecho de que el Tribunal Superior de Yopal les permitiera a estas entidades hacerse parte en los procesos, es de por sí un mecanismo transitorio de amparo al derecho al debido proceso.

De manera paralela, se le está pidiendo a la justicia que indague un posible prevaricato y fraude procesal por parte de los jueces intervinientes porque la mayoría de los predios entregados a punta de fallos exceden las extensiones de Unidades Agrícolas permitidas por la ley.

“Además, estamos acatando una sentencia de la Corte Constitucional –la T488– que ordena recuperar los baldíos de la Nación y denunciar irregularidades”, agregó Vélez.

Al respecto, el juez Manuel Pardo, uno de los mencionados en este caso, le dijo a reporteros de este diario que ha actuado en estricto derecho, aplicando jurisprudencia del Tribunal de Yopal y observando que se trata de poseedores con una tradición de más de hace 50 años.

La preocupación del Gobierno radica ahora en que la avalancha de procesos de pertenencia ya se está extendiendo a otros departamentos, como Cesar y Córdoba. Y hay dos casos adicionales en Puerto López, Meta que comprometen más de 10.000 hectáreas.