Información de eltiempo.com – Unidad Investigativa

En los últimos meses, y sin que nadie lo notara, decenas de propiedades, cuya extensión equivale a tres veces el municipio de Medellín, pasaron a manos de particulares por cuenta de varios fallos de jueces promiscuos de Casanare y Meta.

Y hay otro paquete de demandas en el que terceros reclaman un número similar de hectáreas, alegando ser poseedores pacíficos por más de 30 años e incluso haber pagado impuestos. Para obtener el título de dueños también dicen haber comprado la posesión, plantado arroz y defendido el terreno de la perturbación de terceros.
Con esos argumentos, el finquero de Monterrey (Casanare) Carlos Eduardo Contreras Valero, se hizo a cerca de 11.000 magníficas hectáreas del denominado predio Maraure, cerca al municipio de Tauramena. El 14 de marzo, Manuel Alberto Pardo, juez promiscuo de Monterrey, declaró la pertenencia a favor del finquero y ordenó a la Oficina de Registro abrir una matrícula donde conste que es el dueño.

El problema de estos fallos es que funcionarios de la Superintendencia de Notariado están seguros de que involucran cientos de hectáreas de baldíos que pertenecen exclusivamente a la Nación.

EL TIEMPO encontró 51 procesos idénticos al de Monterrey en San Luis, Pore, Hato Corozal y Orocué (Casanare) en donde, a punta de fallos judiciales, 76.697 hectáreas les fueron entregadas –a través de procesos de pertenencia–, a igual número de personas y agropecuarias, que han recibido en promedio, cada una, 4.500 hectáreas. En Puerto López (Meta), 10.000 hectáreas han sido entregadas con el mismo mecanismo. Y en Paz de Ariporo (Casanare), reporteros de este diario encontraron seis demandas próximas a fallar en las que particulares reclaman como suyas cerca de 3.500 hectáreas adicionales.

La avalancha de procesos de pertenencia –que ya están apareciendo en Cesar y Córdoba– tiene desconcertados a registradores regionales que, literalmente, no saben qué hacer. Tulio Fernández, de Paz de Ariporo, le escribió una carta al superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, en la que le pide apoyo legal ante el riesgo, incluso, de ir preso.

“Al negar la inscripción de los predios, por ser baldíos de la Nación, los interesados interponen tutelas y los jueces ordenan inscribir la sentencia de pertenencia. Al volverme a negar, el abogado que lleva la mayoría de procesos pidió que se me investigue”, dice en su S.O.S.

Y agrega que calcula que en solo Casanare cursan 100 procesos de este tipo.

“Vamos a demandar’

Pero tanto jueces como beneficiarios y apoderados alegan que están actuado conforme a la ley. Incluso, el juez Pardo ya le advirtió a la Superintendencia de Notariado que debe acatar sus fallos que “de mala fe se están desconociendo”.

EL TIEMPO consultó los casos con el superintendente Vélez, quien dijo que desde abril su entidad detectó que “algunos jueces están feriando los baldíos de la Nación” y que hay irregularidades en esos procesos. Por ejemplo, los predios no presentan antecedentes registrales, por lo que se presume, de entrada, que son baldíos de la Nación. Además, la mayoría de demandas son interpuestas contra “personas indeterminadas”, lo que es improcedente en un proceso de pertenencia. Y en ningún caso, el Incoder fue notificado para que defendiera el patrimonio público de la Nación, siendo el único competente para determinar si se trata de un baldío imprescriptible. Pero hay otro hecho contundente: la mayoría de los predios entregados excede las extensiones de Unidades Agrícolas permitidas por la ley.

Al respecto, la Procuraduría Agraria ya ha hecho varios pronunciamientos de fondo en los que respalda a la Súper e incluso los ha hecho llegar a los jueces implicados.

“Con el Incoder, estamos alistando tutelas, como mecanismo transitorio de amparo al derecho al debido proceso. Además, se va a pedir que esos predios queden inscritos a nombre de la Nación, mientras se agota el proceso de clarificación de la propiedad”, explicó Vélez. También se alistan denuncias contra los jueces por presunto prevaricato y fraude procesal.

“La determinación del Gobierno es defender sobre cualquier cosa los baldíos, que son la tierra de todos los colombianos”, dijo Vélez. Pero la pelea apenas comienza.
“Actué en derecho y estoy listo a responder’

“Yo estoy obrando según la ley y la jurisprudencia del Tribunal Superior de Yopal”, asegura el juez Manuel Pardo, de Monterrey, que ha emitido tres de los fallos que controvierte la Supernotariado y que comprometen más de 11.000 hectáreas.

Según él, allí no hay predios de la Nación.“Se trata de hatos de larga trayectoria que han dejado de ser baldíos porque los tienen poseedores desde hace 50 años, pagan impuestos y siembran arroz. Uno de ellos era de un famoso esmeraldero, Victor Quintero”, explicó. Y agregó que la ley que los obliga a emplazar al Incoder en estos casos (la 1.564) no ha entrado en vigencia en Casanare. En similar sentido se pronunció el juez de Paz de Ariporo Fernando Moreno, en cuyo despacho hay seis procesos en trámite, que comprometen, cada uno, entre 400 y 500 hectáreas. Los otros jueces no respondieron los mensajes.