21 familias procedentes de Venezuela se han presentado ante la Personería Municipal de Yopal reclamando ayuda, “se vinieron a la capital del Casanare en búsqueda de oportunidades de trabajo y un mejor bienestar”, informó el titular de este despacho Juan Manuel Nossa.

Igualmente la Defensora del Pueblo de Casanare, Diana Puentes, dijo que 8 familias deportadas de Venezuela que llegaron a Yopal se han registrado ante la Defensoría, sin embargo se conoce que otros núcleos familiares se han presentado en otras localidades como Pore, Aguazul y Paz de Ariporo.

El caso más dramático lo vive una pareja de esposos que fueron separados de sus dos hijos de 9 y 7 años, en el momento de salir del país vecino no les permitieron pasar con sus dos pequeños por lo que están solicitando que se haga la gestión con la embajada venezolana para que les ayuden a reunir a su familia.

La Defensora del Pueblo del Departamento, Diana Puentes, informó que algunas familias salieron de forma voluntaria presionadas por la crisis, pero que precisamente esa es la primordial solicitud la reunificación de las familias porque algunos de sus integrantes no tienen nacionalidad colombiana y se encuentran hospedados en casas de vecinos venezolanos y a despensas de la colaboración de ellos.

Las personas han llegado al Casanare sin dinero, a casas de habitación de parientes y amigos que han referido a este Departamento como buena opción, por lo que se espera la llegada de más familias provenientes de ese país.

La orden Presidencial es que las Alcaldías son las directamente encargadas de suministrar las ayudas humanitarias a través del rubro de víctimas de la violencia, pero se conoce que ese presupuesto es ínfimo en Yopal.

La Defensora del Pueblo señaló que el procedimiento que se sigue con estas personas es la verificación de la información para conocer si de Colombia salieron desplazadas como víctimas del conflicto armado o ya están inscritas en la unidad de víctimas.

“Se parte de la buena fe de que las personas que se están presentando realmente provengan deportadas ya que el protocolo para el registro en esos casos no exige la presentación de documentos o pruebas porque no se les puede negar la atención a las víctimas de crisis”, dijo la funcionaria.