El Presidente de la República Juan Manuel Santos hará la presentación el próximo viernes en Orocué de la Ley ZIDRES, Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social.

La visita del jefe del Estado fue anunciada ayer por el Gobernador del departamento, Alirio Barrera Rodríguez al concluir el Consejo de Seguridad Gremial en Yopal.

La ley ZIDRES ha sido cuestionada porque permitirá el desarrollo de proyectos productivos en tierras baldías por parte de inversionistas con capacidad económica.
Según se informó más del 70% de las tierras de Casanare que no tienen títulos, podrían ser cobijadas por dicha ley.

La visita de Santos coincide con el inicio de las festividades de Orocué. El Presidente estará acompañado del Ministro de Agricultura y optros funcionarios del Gobierno Nacional.

Zidres

El Gobierno promueve la ley ZIDRES como la más valiosa herramienta para el desarrollo agropecuario, la productividad y la seguridad jurídica hoy en el país.

Las Zidres, se constituirían en áreas apartadas de centros urbanos, en donde la tierra requiera grandes inversiones para empezar a producir, entre otras características. Esta figura permite al ejecutor del proyecto productivo, que tiene que ser aprobado por un consejo de ministros, pedir en concesión o arrendamiento los baldíos de la Nación y conseguir la cantidad de tierras, comprando, arrendando, entre otros, en la medida en que su plan lo necesite.

Sin embargo, sobre las Zidres han llovido críticas que argumentan que su esencia es que se declaran zonas donde la agroindustria puede acumular baldíos y se legalizan acumulaciones anteriores.

El senador del Polo Jorge Enrique Robledo, señaló que uno de los problemas de fondo es que los baldíos, que deberían adjudicarse a campesinos pobres sin tierra, se irán en arrendamiento por largos períodos e incluso a grandes empresas agroindustriales, nacionales o extranjeras.

El Gobierno ha respondido que cuando haya predios baldíos en ningún caso se hará el traslado de título de propiedad y se tendrá que cumplir con un pago de contraprestación de dinero que irá al fondo de desarrollo rural para proveer la infraestructura necesaria. Se refiere a la cuenta que, luego de la liquidación del Incoder, probablemente quedará en manos de la nueva Agencia de Desarrollo Rural y cuyos recursos, según el texto conciliado, “serán invertidos preferencialmente en la adquisición de tierras para campesinos y trabajadores agrarios susceptibles de ser adjudicatarios, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 160 de 1994, por fuera de las Zidres y obligatoriamente en el sector agropecuario”.

Uno de los puntos más criticados es la supuesta legalización de acumulación irregular de tierras. El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, durante todo el proceso de debate insistió en que las Zidres no legalizan la acumulación, que la adjudicación de baldíos depende de cumplir con los requisitos estipulados en la Ley 160 y que en ningún momento se habla de titular tierras a empresarios, sino dar en arrendamiento.

Pero para los críticos, la legalización de tierras acumuladas irregularmente también sería posible cuando el articulado dispone que “se procederá a sanear las situaciones imperfectas garantizando la seguridad jurídica, previa a la aprobación del área”. Ese concepto de ‘imperfecto’ jurídicamente no es nada y puede ser cualquier cosa, señalan los detractores de Zidres.

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y el Ministerio de Agricultura deberán determinar las áreas aptas para las Zidres, definir asuntos como los tiempos de concesión según los ciclos productivos y formular planes de transición para la producción que, dentro de una Zidres, no se adapta al potencial y aptitud del suelo que la UPRA haya dictado.