Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) advirtió que en zonas del país como Casanare, los guerrilleros les piden hasta el 10 % del valor de los contratos a las firmas de ingeniería locales.

Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura, las empresas de Ingeniería de Casanare acumulan pérdidas cercanas a los 8.000 millones de pesos por quema de maquinarias, hechos directamente relacionados con extorsión de la guerrilla.

Los empresarios han advertido que están en riesgo alrededor de 12.000 empleos en la región.

Caicedo Ferrer sostuvo que el panorama es muy preocupante para los empresarios que han recibido llamadas donde les exigen el pago de hasta el 10 % del valor de los contratos. Si se niegan a hacerlo, les queman las maquinarias, como le pasó a la compañía Meyan, que se ha visto afectada por la destrucción de cinco de sus máquinas, entre ellas varios camiones.

Pero no ha sido la única. Por lo menos siete compañías están en una situación similar en el departamento de Casanare, debido a las actuaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de manera aislada de las FARC.

Caicedo pidió la actuación urgente del Estado y de la fuerza pública con el fin de evitar la desaparición de muchas firmas de ingeniería.

El hecho no deja de preocupar si se tiene en cuenta que el Gobierno tiene puestas sus esperanzas en las obras civiles y en la cuarta generación de concesiones viales para impulsar la economía colombiana. De ahí que muchas compañías estén presenten en varias regiones construyendo carreteras, acueductos y diversas obras regionales.

El dirigente gremial también ha llamado la atención sobre la posible corrupción que se puede presentar a la hora de entregar estos proyectos, ya que en muchas regiones las condiciones se hacen para que se presente un único oferente y dejan por fuera a muchas compañías.

Estos dos problemas, la inseguridad y la corrupción, pueden dar al traste la política de impulsar el sector de infraestructura porque en la medida en que las compañías no tengan las garantías suficientes, no tendrán ninguna intención de contribuir al desarrollo de las regiones. Estos temas se han venido creciendo sin que el Gobierno tome cartas en el asunto.
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