El Ejército y el CTI de la Fiscalía General de la Nación iniciaron la verificación de los antecedentes judiciales de más de 1.000 personas que trabajan en las extensas plantaciones de palma de aceite en jurisdicción de Orocué procedentes de otras regiones del país.

“Es población flotante en su mayoría de la Costa Atlántica y del Pacífico vinculada laboralmente por tres meses”, dijo el alcalde Anderson Bernal Tello.

Expresó que de 1.800 personas que trabajan para 10 empresas que tienen sembradas 9.800 hectáreas, solo 90 son de las Veredas de la influencia de las plantaciones.

El funcionario señaló que también se pidió a los palmicultores que compren los productos alimenticios que requieran en el área donde operan.

La misma situación se registra en municipios como Maní, en donde según el diputado Jose Barrera, es necesario establecer quienes son las personas que han llegado masivamente a la región y que ya se han visto involucrados rn hechos de inseguridad.