El Contralor General de la República alertó al Gobierno Nacional y específicamente a la nueva ministra de Educación Nacional, Yaneth Giha Tovar, por las irregularidades que se siguen dando en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), como se refleja en el hecho de que las Actuaciones Especiales realizadas por este organismo de control en el segundo semestre en 17 departamentos arrojan hallazgos fiscales por $32.943 millones.

En el marco de sus competencias y funciones, y en cumplimiento estricto de su Plan de Vigilancia y Control Fiscal, la CGR ha detectado en 24 departamentos que han manejado recursos del PAE irregularidades con incidencia fiscal que totalizan $62.481 millones de pesos.

Las Actuaciones Especiales adelantadas por la CGR en 17 departamentos analizaron la ejecución del PAE entre 2015 y lo corrido de 2016, que incluye recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías, así como trasferencias del Ministerio de Educación.

En cinco departamentos se concentran los mayores hallazgos fiscales de estas nuevas actuaciones: Santander ($8.461 millones), Huila ($7.761 millones), Cesar ($6.709 millones), Casanare ($2.459 millones) y Norte de Santander ($1.776 millones).

Hallazgos en Casanare

En Casanare se hizo control fiscal a la Gobernación del Departamento y a los municipios de Yopal, Aguazul, Tauramena y Maní; encontrando hallazgos fiscales por cuantía de $2.459 millones de pesos, en los cuales se evidencia:

Diferencia de precio cotizado frente a precio contratado en el contrato 1618 de 2014 suscrito por el Municipio de Yopal.

Examinando los documentos del contrato se observó que el menor valor cotizado para la modalidad de almuerzo preparado en sitio lo presentó la Fundación Vida, Amor y Paz por $2.532 ración; sin embargo, en el estudio de mercado, los estudios previos y pliego de condiciones se estableció como menor valor cotizado $3.515,60 presentado por el Grupo Galvis y Payares SAS y el contrato se suscribió con base en el mismo valor.

Tal hecho genera una diferencia de costo por ración de $983,6 que al ser multiplicada por el número de raciones a suministrar, arroja un mayor valor de $584.3 millones.

El Municipio de Yopal celebró el Convenio de Asociación y Cooperación No. 101.19.010, del 21 de enero de 2016, con la Fundación Somos Manos Unidas, para el suministro de raciones alimentarias, por $3.086 millones.

En la revisión de este contrato se pudo establecer que se presentaron diferencias tanto al momento de elaborar la matriz de costeo de los alimentos, como en cuanto al valor incluido para ítems como mano de obra de las manipuladoras, suministro de elementos de aseo, gas, agua potable y transporte de alimentos, entre otros, versus los soportes de gastos en que realmente incurrió el operador, llevando a establecer un mayor valor pagado de $1.026 millones.

Santander

En Santander, donde se encontraron los hallazgos fiscales de mayor cuantía en estos 17 departamentos ($8.461 millones), se hizo control fiscal a la Gobernación del Departamento y a los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Puerto Wilches y Sabana de Torres.

Se evidenciaron situaciones como las siguientes: Mayor valor en la ración contratada – Contrato de suministro 3381, suscrito el 02 de julio de 2015, por la Secretaría de Educación Departamental de Santander y la Empresa Cooperativa de Servicios Nacionales – EMPSENAL, financiado con recursos de regalías con el objeto de suministrar refrigerios.

En este contrato se pactó un valor de la ración refrigerio a $2.200, a pesar que en la misma región y vigencia fiscal se estaba suministrando refrigerios de igual naturaleza a razón de $971, según contrato No. 374 de 09 de febrero de 2015 suscrito por el Ministerio de Educación Nacional y NUTRISANTANDER, con lo cual se ocasionó un detrimento de $3.923 millones.

Igual situación sucedió en desarrollo del contrato No. 019 suscrito el 23 de febrero de 2015, por el municipio de Bucaramanga con la Cooperativa de Servicios Generales la Heroica Ltda. “COOSEHEROICA”, donde se pactó el suministro de ración industrializada am-pm a $2.575 y almuerzo a $2.781.

Esto se hizo pese a que, el contrato 374 de 2015 (MEN – NUTRISANTANDER), contemplo refrigerio a $971 y almuerzo a $1.320. El detrimento generado asciende a $3.483 millones.

Adicionalmente y dado que el contrato se financió con diferentes fuentes, entre ellas recursos propios, se pone en conocimiento de la Contraloría Municipal un presunto detrimento adicional por $2.227 millones.

Huila

En el Huila se hizo control fiscal a la Gobernación del Departamento y a los municipios de Neiva y Pitalito, encontrando hallazgos fiscales por cuantía de $7.761 millones de pesos.

Entre los hechos detectados están los siguientes. Costos por factores en la ejecución del contrato 514/2015. En este caso el Departamento del Huila reconoció la suma de $5.240 millones por pago de: manipuladoras, seguridad social, prestaciones sociales, dotaciones, aseo, gas, reposición menaje - servicios públicos, transporte - acarreos, fumigación y mantenimiento de equipos, conceptos por los cuales el contratista incurrió en gastos de $3.589 millones, lo que evidencia que el Departamento pagó recursos por más de $1.650 millones, que no se ejecutaron en el desarrollo normal del contrato.

Igual situación ocurrió con el contrato 515/2015, donde se estableció que el Departamento del Huila reconoció $5.397 millones por pago de manipuladoras, prestaciones sociales, seguridad social, dotaciones, aseo, reposición menaje, servicios públicos, transporte, acarreos, fumigación y mantenimiento de equipos, conceptos por los cuales el contratista incurrió en gastos de $2.592 millones, lo que significa que el Departamento pagó recursos por $2.444 millones que no se ejecutaron en el desarrollo normal del contrato.

La misma situación descrita en los dos casos anteriores, se repitió en desarrollo del contrato 516/2015, al pagar recursos por $2.134 millones que no se requerían para el desarrollo normal del contrato.

Proceso fiscal en Magdalena por $1.206 millones

Consecuentes con el impacto que ha generado el ejercicio auditor y los resultados obtenidos dentro de la Actuaciones Especiales de Fiscalización al Programa de Alimentación Escolar PAE, el pasado 7 de noviembre el Contralor General de la República, Edgar José Maya Villazón, expidió el Memorando No. 037 dirigido a los Gerentes Departamentales y Contralores Provinciales de la CGR, en el cual solicita darle celeridad a los traslados de los hallazgos fiscales, e iniciar los Procesos de Responsabilidad Fiscal correspondientes.

Les solicitó, además, decretar las medidas cautelares a que haya lugar, advirtiendo que estos se lleven a cabo con estricta observancia de las garantías procesales y actuando en Derecho.

Es decir la Contraloría General de la República no se ha quedado solo con resultado de la parte auditora, sino que ha trascendido yendo a la parte procesal. A manera de ejemplo, producto de los hallazgos evidenciados, la Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena dio apertura a un Proceso Verbal de Responsabilidad Fiscal por $1.206 millones.

La entidad afectada es el Distrito de Santa Marta y como presuntos responsables están involucrados el exalcalde de la ciudad, Carlos Eduardo Caicedo, la Secretaria de Educación de la época, Ingris Mirelda Padilla, y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar –Asoalimentarce.

Los hechos objeto de investigación, están relacionados con deficiencias en la planeación para la contratación del PAE, mayores valores en el precio de la ración desayuno y almuerzo, respecto a los precios pagados por el Ministerio de Educación Nacional en las mismas vigencias y al mismo contratista -ASOALIMENTARCE-.

El Distrito de Santa Marta, suscribió con la ASOCIACIÓN DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS DEL CESAR –ASOALIMENTARCE, el Convenio de Asociación No. 001 de 2014, para la operación del PAE. Las raciones contratadas por el Distrito corresponden a Desayuno a $1.403 y Almuerzo a $2.072, mientras que el Ministerio de Educación Nacional (MEN), pagó a ASOLIMENTARCE la suma de $943 para Desayuno y $1.282 por ración de Almuerzo; generándose un mayor valor pagado por ración de $460 y $790 respectivamente.

Cabe destacar que ASOALIMENTARCE también fue contratista en el Departamento de la Guajira a través de tres consorcios que hacían las veces de operadores en la Gobernación de este departamento; consorcios que tuvieron como representantes legales a Ivis del Carmen Rosado Robles y María Angélica Araujo Noguera.

Guajira

En La Guajira, la Actuación Especial de Fiscalización analizó el período 2014 – 2015 y comprendió los municipios de Maicao, Manaure y Uribia, verificando el manejo de los recursos de regalías usados por los entes territoriales para financiar el PAE, paquetes nutricionales para niños de cero (0) a cinco (5) años, así como madres gestantes y lactantes.