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Ex Alcaldesa de Nunchía responde por contrato sin lleno de requisitos

Ex Alcaldesa de Nunchía responde por contrato sin lleno de requisitos
La defensa de la ex alcaldesa de Nunchía, Martha Cecilia Pérez, intenta comprobar ante la Fiscalía y un Juzgado de Yopal que el contrato 050 de 2012 si fue realizado con el lleno de los requisitos legales y su liquidación se hizo dentro de la normatividad. Ayer se cumplió audiencia preparatoria en el Palacio de Justicia.

A Martha Cecilia Pérez ex alcaldesa del municipio de Nunchía se le adelanta una investigación por un proceso de contratación de mínima cuantía sin cumplimiento del lleno de los requisitos y falsedad ideológica en documento público, relacionado con la señalización leyendas informativas para las diferentes oficinas de la administración Municipal y el Centro de Convivencia, como apoyo al proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), por $15.805.000, el cual según los denunciantes se liquidó sin haberse cumplido en su totalidad y sin que el supervisor ejerciera sus debidas funciones.

El abogado Oswaldo Puentes, manifestó que están demostrando que, si se cumplió con los requisitos para el contrato de mínima cuantía, sin embargo, ayer el Juez desestimó como pruebas el testimonio de un conductor de la Alcaldía y un informe de la Contraloría Departamental que se hizo sobre el particular.

La denuncia había sido entablada por ex concejales de Nunchía y el secretario de Gobierno de su administración para el 2012, quienes señalaron que hubo irregularidades en la ejecución, cumplimiento y liquidación del contrato 050 de 2012.

A Martha Cecilia Pérez le imputaron cargos el año pasado hacia el 16 de marzo por contrato sin cumplimiento del lleno de los requisitos y falsedad ideológica en documento público, en la medida en que según las verificaciones de la Fiscalía el objeto contractual no se ejecutó a cabalidad y se encontró que los documentos soportes del proceso se encontraban sin firma y otros con la reseña “Original Firmado”, entre los cuales se evidenció que el supervisor asignado inicialmente, el secretario de Gobierno Javier Roa Alarcón no ejerció tales funciones y en “un afán de liquidar el contrato fue sustituido en la supervisión por la almacenista”.

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