Ayer en el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, durante las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, la ex alcaldesa de Nunchía, Martha Cecilia Pérez, no aceptó cargos, y fue dejada en libertad aunque sigue vinculada al proceso por la contratación sin cumplimiento del lleno de los requisitos y falsedad ideológica en documento público.

Inicialmente, tanto el abogado defensor como la delegada de la Procuraduría y la Juez Luz Nidia Tobón, criticaron lo que consideraron un show mediático lo que viene haciendo la Fiscalía al captura a personas para imputarle cargos, cuando, por ejemplo en el caso de la ex alcaldesa se tiene conocimiento del lugar de la residencia.

Así, Oswaldo Puentes Torres, abogado defensor de Martha Cecilia Pérez, manifestó que la Juez y Procuradora coincidieron en que no era necesaria la expedición de la orden de detención sino que simplemente con una notificación hubiera sido suficiente, cuando él mismo corroboró que en el expediente no solo obraba la voluntad de su cliente sino la de él como abogado, quien ya había acudido a la Fiscalía a averiguar sobre el proceso, y no fue informado.

La orden de captura fue librada por el Juzgado de Control de Garantías de Nunchía con fecha del 11 de marzo de 2016 y fue efectuado el 15 de marzo del presente sobre las 4:55 p.m. en el parque principal de Yopal, con el fin de asegurar la comparecencia Martha Pérez a la audiencia de imputación de cargos, según expresó el Delegado de la Fiscalía.

Luego de escuchar a las partes la Juez canceló dicha orden de captura y consideró que el procedimiento se hizo dentro de los términos legales.

En la imputación de cargos se estableció que la investigación en contra de la ex alcaldesa responde a una denuncia entablada por ex concejales de Nunchía y el secretario de Gobierno de su administración, para el 2012, quienes señalan que hubo irregularidades en la ejecución, cumplimiento y liquidación del contrato 050 de 2012, de mínima cuantía, relacionado con las leyendas informativas para las diferentes oficinas de la administración Municipal y el Centro de Convivencia como apoyo al proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), por $15.805.000 millones , el cual según los denunciantes se liquidó sin haberse cumplido en su totalidad, y sin que el supervisor ejerciera sus debidas funciones.

Por tanto, a Martha Cecilia Pérez le imputaron cargos por contrato sin cumplimiento del lleno de los requisitos y falsedad ideológica en documento público, en la medida en que según las verificaciones de la Fiscalía el objeto contractual no se ejecutó a cabalidad y se encontró que los documentos soportes del proceso se encontraban sin firma y otros con la reseña “Original Firmado”, entre los cuales se evidenció que el supervisor asignado inicialmente, el secretario de Gobierno Javier Roa Alarcón no ejerció y tales funciones y en “un afán de liquidar el contrato fue sustituido en la supervisión por la almacenista”.

El abogado defensor confirmó que “la captura fue legalizada, se hizo la imputación de cargos y fue tan evidente el exceso de la medida de detención, que la misma fiscalía desistió de la medida de aseguramiento, aunque la ex alcaldesa seguirá vinculada al proceso y se defenderá de manera externa haciendo uso de la libertad”.

La ex alcaldesa de Nunchía Martha Pérez no aceptó cargos y teniendo en cuenta que su caso no se da lugar a los fines constitucionales para la medida de aseguramiento, la Fiscalía desistió de la misma, con la solicitud a la Juez de hacer la advertencia de que la imputada deberá comparecer a las audiencias a las que sea citada, en el marco del proceso.

Así, la Juez Tobón reestableció la libertad de la ex mandataria de Nunchía y me requirió para que si cambia de domicilio o abonado celular se informe directamente a la Fiscalía.

Sobre la continuidad del proceso, el abogado Puentes Torres dijo que su cliente será citará posteriormente a una audiencia de formulación de cargos, donde la Fiscalía hace el descubrimiento de las piezas procesales para acusarla formalmente con base en elementos probatorios.

También se conoció que como la orden de captura fue proferida por un juzgado de Nunchía, donde ocurrieron los hechos, y a donde iba a ser trasladada la ex alcaldesa, la defensa solicitó que el proceso se adelantara en Yopal, dadas las amenazas y extorsión por parte de grupos al margen de ley, de las que ha sido víctima su cliente.