Hoy a las 9:30 de la mañana se cumple en el Palacio de Justicia la audiencia de acusación contra Martha Cecilia Pérez ex alcaldesa del municipio de Nunchía dentro del proceso que se le sigue de contratación sin cumplimiento del lleno de los requisitos y falsedad ideológica en documento público.

En la imputación de cargos se estableció que la investigación en contra de la ex alcaldesa responde a una denuncia entablada por ex concejales de Nunchía y el secretario de Gobierno de su administración para el 2012, quienes señalaron que hubo irregularidades en la ejecución, cumplimiento y liquidación del contrato 050 de 2012, de mínima cuantía, relacionado con las leyendas informativas para las diferentes oficinas de la administración Municipal y el Centro de Convivencia, como apoyo al proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), por $15.805.000, el cual según los denunciantes se liquidó sin haberse cumplido en su totalidad y sin que el supervisor ejerciera sus debidas funciones.

A Martha Cecilia Pérez le imputaron cargos el pasado 16 de marzo de este año, por contrato sin cumplimiento del lleno de los requisitos y falsedad ideológica en documento público, en la medida en que según las verificaciones de la Fiscalía el objeto contractual no se ejecutó a cabalidad y se encontró que los documentos soportes del proceso se encontraban sin firma y otros con la reseña “Original Firmado”, entre los cuales se evidenció que el supervisor asignado inicialmente, el secretario de Gobierno Javier Roa Alarcón no ejerció tales funciones y en “un afán de liquidar el contrato fue sustituido en la supervisión por la almacenista”.

La ex alcaldesa de Nunchía Martha Pérez en esa audiencia no aceptó cargos y fue dejada en libertad, luego de un operativo en el que fue capturada y teniendo en cuenta que su caso no daba lugar a los fines constitucionales para la medida de aseguramiento, la Fiscalía desistió de la misma.

Se estableció para ese entonces que como la orden de captura fue proferida por un juzgado de Nunchía, donde ocurrieron los hechos, y a donde iba a ser trasladada la ex alcaldesa, la defensa solicitó que el proceso se adelantara en Yopal, dadas las amenazas y extorsión por parte de grupos al margen de ley, de las que ha sido víctima su cliente.