67 mil víctimas dejaron las acciones bélicas de los grupos que protagonizaron el conflicto armado en Casanare, y muy pocas han sido reparadas, según el coordinador de la mesa departamental de víctimas José Barrera.

Barrera asistió al homenaje ofrecido en la Asamblea Departamental y dijo estar cansado de los discursos donde hablan los políticos, pero donde las víctimas nunca son escuchadas, reclamando la urgente presencia del Director de la Unidad de víctimas a nivel nacional, Alán Jara, para que asista al Casanare con verdaderos proyectos.

El Director de la mesa departamental de víctimas dijo que Alán Jara es un Político y no una víctima, o es una “víctima estrato 6” que no representa a los casanareños como Director de tan importante Unidad para el momento histórico que vive el país.

Lamentó que Jara se haya olvidado de Casanare y lo convocó para que se acerque a esta tierra, apropiando recursos de los 12 billones que tiene para la ejecución de proyectos, así como lo ha hecho con Arauca, Meta, Antioquia y otras regiones.

Barrera dijo que se requieren proyectos con unidades productivas, viviendas y generación de empleo, así como el Centro de Memoria histórica de víctimas.

Agregó que el 80% de las víctimas que dejó el conflicto en Casanare están pasando hambre.

La respuesta de Alan Jara

“En poco tiempo ningún país del mundo puede resolver los problemas de quienes resultaron afectados por la violencia en más de 50 años”, fue la respuesta del funcionario del Gobierno Santos, Alan Jara Ursola, al salir al paso a los cuestionamientos formulados por el retraso en el trámite de la reparación administrativa y colectiva a las víctimas del conflicto armado en Casanare.

“En cinco años y medio de vigencia de la ley de víctimas se han resuelto 670.000 indemnizaciones en el país con el pago de cuatro billones de pesos y de tres billones de pesos en ayudas humanitaria”, dijo el Director Nacional de la Unidad de Víctimas, Alan Jara Ursola, pero no precisó cuántos de esos recursos llegaron a las víctimas de Casanare.

Sostuvo que, a pesar de las limitaciones económicas del Gobierno, no se disminuyeron para el presente año los recursos para la reparación colectiva y a las víctimas directas.

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