La Secretaria de Educación Departamental, Sandra Patricia Rincón Serrano, respondió al torrente de críticas relacionadas con incumplimientos en pagos por parte de los Contratistas a quienes han venido prestando los servicios de Transporte y Alimentación Escolar y la presunta responsabilidad de sus jurídicos y un sicólogo que estarían “engavetando” procesos en esa dependencia de la Gobernación.

Contratista del transporte escolar lento para presentar las cuentas

Según la Secretaria, respecto de la tardanza en los pagos a las personas que prestaron sus servicios como transportadores por parte de la UT Transportando Nuestro Futuro 2016 - 2017, al contratista se le adeuda a la fecha un acta parcial que contempla los meses de enero, febrero y marzo de 2017, además de la liquidación final que contempla el mes de abril, 11 días del mes de mayo (hasta el inicio del paro) y 10 días del mes de julio.

En ambos casos se ha presentado demora por parte del Contratista (Transmor) en la presentación de la cuenta.

En el caso del acta parcial, ésta se encuentra desde el miércoles 16 de agosto en la Secretaría de Hacienda para el desembolso de los recursos, el cual no depende directamente de tal dependencia, toda vez que, atendiendo lo dispuesto en el Decreto 2190 de 2016, deberá ser autorizado por el Ministerio de Hacienda, lo cual tarda aproximadamente cuatro (04) días hábiles.

Para la liquidación final, a la fecha NO se han recibido los informes y la factura por parte del Contratista (UT Transportando Nuestro Futuro 2016 – 2017 Transmor) para realizar el proceso, lo que agrava aún más la situación de demora para el respectivo pago.

“En todos los casos, el personal de la Secretaría de Educación Departamental ha actuado con prontitud y diligencia dentro de los parámetros de Ley, y las demoras en la presentación de las cuentas e informes por parte del contratista no pueden ser atribuidas a fallas nuestras”, afirmó Rincón Serrano.

Contratista de Alimentación Escolar esta embargado

En lo referente al Contrato de Alimentación Escolar suscrito con la UT Restaurante Escolar 2016, debe señalarse que el mencionado contratista prestó sus servicios hasta el pasado siete (07) de abril de 2017, y no ha presentado a la fecha la documentación y soportes necesarios para la liquidación final del contrato.

Adicionalmente, en los últimos meses se ha notificado a la Gobernación de Casanare tres (03) órdenes de embargo de cuentas del referido contratista, lo que automáticamente hace más compleja la situación.

Actualmente, se adelanta el análisis jurídico por parte de la Gobernación de Casanare, para declarar el incumplimiento del contrato por parte del contratista y hacer efectivas las pólizas de garantía para los salarios y prestaciones sociales de las personas que prestaron sus servicios a la referida Unión Temporal.

Sombras en la interventoría

Referente a la designación del señor Álvaro Orozco como interventor de contratos referentes a la canasta educativa en reiteradas oportunidades, la Secretaria de Educación justificó que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 estas interventorías deben surtirse por Licitación Pública, como efectivamente se ha hecho por parte de la Gobernación de Casanare a través de la Oficina Jurídica en todos los casos, siendo la Empresa del señor Orozco la única en presentarse y la que cumple con los requisitos exigidos para tal fin.

Aclaró que la Secretaría de Educación no interviene en ningún caso en la selección de contratistas ni interventores, proceso que es adelantado, como debe ser, por parte de la Oficina Jurídica de la Gobernación.

Los “amigos” de la Secretaria

Sandra Patricia Rincón Serrano, Secretaria de Educación Departamental, aclaró que las afirmaciones referentes a que existen “jurídicos y un psicólogo que engavetan procesos”, carecen de toda verdad, por cuanto en la Secretaría existen seis (06) profesionales del Derecho que no ofician como Asesores Jurídicos, sino que realizan el dispendiosos trabajo de revisar y analizar todos y cada uno de los documentos con contenido legal que ingresan al Despacho para la firma.

En cuanto a la revisión de cuentas presentadas por contratistas, esta revisión está sujeta al cumplimiento de todo lo establecido contractualmente, para no incurrir en posibles investigaciones y hallazgos por parte de los órganos de control. Los tiempos de la revisión están sujetos al orden de llegada y complejidad jurídica de cada documento.

“La Secretaría de Educación ha actuado en todos los casos conforme lo dicta la Ley como administradora del Servicio Educativo en el departamento de Casanare, y nuestro actuar obedece estrictamente a lo estipulado dentro de nuestras competencias”, concluyó Rincón Serrano.