Una reunión a puerta cerrada realizaron ayer los Diputados de la Asamblea Departamental sobre el cierre fiscal 2017, en la que se negó el acceso a los medios de comunicación, a pesar de que las finanzas de la Gobernación de Casanare, deberían ser un asunto público.

Según se conoció, en la reunión con los diputados, el secretario de Hacienda Departamental, Julio Molano Novoa, dio a conocer el informe de cierre fiscal 2017, a propósito del estudio del proyecto de Ordenanza 003 de 2018, “Por el cual se concede una autorización pro tempore en materia presupuestal al Gobernador de Casanare”, en el que se solicitan algunas facultades para trasladar y modificar presupuesto, pero que según los diputados, “no se pueden otorgar hasta que no se conozca a fondo la ejecución de los recursos”.

Se conoció que existe un superávit fiscal de $212.000 millones de pesos de los cuales faltan por comprometer alrededor de $100.000 millones.

De recursos del Fondo de Seguridad, se contó con una cifra de 35.000 millones de los cuales se comprometieron por vigencias futuras alrededor de $13.000.000.000 y faltarían por ejecutar recursos por el orden de $23.000 millones de pesos. Existen algunos recursos de vigencias futuras, y otros dineros desahorrados que aún no han sido autorizados por el DNP.