Alejandro Martínez Villegas, Presidente de la Asociación colombiana del Petróleo, le aclaró al alcalde de Orocué Monchy Yobany Moreno Gualdron, que el sector petrolero no está de acuerdo con las manifestaciones contenidas en la carta de Canacol Energy Colombia S.A, por considerar que no expresan la consideración y respeto que se merecen los hombres y mujeres de Casanare.

Este es el texto de la carta de la Asociación colombiana del Petróleo:

“El pasado miércoles 21 de marzo, recibimos copia de la comunicación de la referencia, mediante la cual el Asesor Corporativo de CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. hace una serie de análisis y manifestaciones alrededor de una invitación que usted hizo a una reunión de las Alianzas para la Prosperidad.

Al día siguiente el Consejo Directivo de la Asociación que presido, revisó dicho documento y el comunicado de prensa posterior, y me dio instrucciones precisas de manifestar al Presidente de dicha empresa, la inconformidad del mismo con planteamientos expresados en el. Anexo la carta que enviamos a la empresa.
Con la presente quiero manifestarle que el sector petrolero no está de acuerdo con manifestaciones contenidas en dicho escrito, por considerar que no expresan la consideración y respeto que se merecen los hombres y mujeres de Casanare.

Nuestra industria tiene el firme compromiso de trabajar mancomunadamente con comunidades y autoridades estatales en sus áreas de operación. Para obtenerlo, es imprescindible que la alta gerencia de las empresas logre que, en forma efectiva, las posiciones y políticas corporativas reflejadas en todas sus comunicaciones y actuaciones”.

EL TIRON DE OREJAS A CANACOL ENERGY

Bogotá, marzo 22 de 2012
Señor
CHARLE ARTHUR GAMBA
Presidente
Canacol Energy Colombia S.A.
Ciudad
Estimado señor Gamba,

Después de haber recibido el día de ayer la comunicación CEC-RSI-012/12, fechada el 6 de marzo del presente año, dirigida al señor Alcalde Municipal de Orocué, el Consejo Directivo de nuestra Asociación en su sesión ordinaria del día de hoy revisó su contenido y me ha dado instrucciones precisas para manifestarle su profunda inconformidad con planteamientos que allí se hacen.

Las empresas afiliadas a nuestra Asociación han mantenido siempre una posición muy clara de respeto y consideración hacia las comunidades, autoridades y demás estamentos presentes en sus áreas de operación. La industria petrolera está comprometida con la generación de valor compartido y desarrollo sostenible en sus regiones de operación y con el país, en general.

Esos planteamientos de CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A. no reflejan los principios y valores en que se basan las posiciones y actuaciones de la industria. El Consejo revisó también el comunicado de prensa desautorizando las posiciones de la referida comunicación, pero considera que ello no es suficiente. Aunque respeta la autonomía de las empresas afiliadas, respetuosamente se permite sugerir que haya una acción más contunden que demuestre el compromiso de su empresa con los principios, valores de la industria.

ALEJANDRO MARTÍNEZ


LA CARTA DE CANACOL ENERGY QUE GENERÓ LA POLÉMICA

Bogotá D.C., 06 de marzo de 2012
Señor:
MONCHY YOBANY MORENO GUALDRON
Alcalde Municipal de Orocué
Palacio Municipal
Orocué, Casanare

Ref. Su Invitación a Reunión en Orocué – Marzo 9 de 2012

Respetado Señor Alcalde:

El día 28 de Febrero pasado, a través de la página web de Canacol Energy Colombia S.A., recibimos invitación del Señor Secretario de Gobierno de su Municipio, el Señor Fredy Sanabria, para participar en la reunión de referencia, a celebrarse en el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, como parte del Programa de Alianzas para la Prosperidad, iniciativa lanzada recientemente en el Departamento de Casanare por el Señor Ministro del Interior.

Con todo el respeto que su investidura se merece, de la manera más comedida nos permitimos informarle que nuestra compañía no se ha vinculado a esta iniciativa, la cual, como lo indicó el señor Ministro, es de carácter voluntario. Por tal motivo nos excusamos de participar en la reunión citada.

Aprovechamos para hacer claridad sobre algunos puntos que consideramos importantes dentro del interés que nos asiste en ser parte del desarrollo del Casanare en el contexto de sus vocaciones productivas tradicionales, por las cuales tenemos un profundo respeto.

Buena parte del impacto social, ambiental y económico que presuntamente causan las operaciones petroleras en el Departamento de Casanare y el Municipio de Orocué, y que en su comunicación enumeran como efectos ambientales negativos, deterioro de la malla vial, participación laboral y participación de bienes y servicios locales, está más relacionado con la forma en que el Estado a nivel nacional, regional y local maneja las expectativas que se crean alrededor de la implementación de la política de desarrollo de los hidrocarburos en la geografía nacional. Veamos los puntos planteados en su comunicación:

Impacto ambiental negativo de la industria petrolera:

El Departamento de Casanare ha sufrido grandes impactos ambientales a lo largo de su historia, ocasionados por el ejercicio de una ganadería extensiva que ocupa grandes extensiones de terreno que se deforesta y se hace improductivo, mientras que los asentamientos urbanos presentan graves problemas en el manejo de sus acueductos, alcantarillados y disposición de basuras. Buena parte de los proyectos agroindustriales que están ingresando al Departamento ocupan grandes extensiones con monocultivos que generan una distorsión importante en la vocación agro-silvo-pastoril original de la llanura casanareña1 y han contribuido grandemente a su deterioro.

En contraste, las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos son fuertemente reguladas por el Estado Colombiano desde el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial y Corporinoquia, además de la jurisdicción ejercida por otras autoridades del orden nacional y regional sobre los proyectos, obras y actividades del sector. Si bien es cierto que en ocasiones se presentan situaciones accidentales de contaminación, estas son rápidamente atendidas y las empresas debemos informar a las autoridades mediante procedimientos que están debidamente reglamentados.

En el eventual caso de que se presentare una situación de contaminación ambiental crónica o que no es resuelta debidamente por una compañía petrolera, las comunidades y autoridades tienen la opción de consultar directamente con la empresa involucrada, recoger las pruebas necesarias que demuestren la contaminación, acudir a las autoridades ambientales regionales y solicitar una investigación al Ministerio de Ambiente.

Deterioro de la malla vial

Cuando las empresas extranjeras y nacionales de la industria del petróleo son invitadas a invertir en Colombia, firmar contratos de exploración y producción (E&P) y realizar sus actividades en el territorio Colombiano, se les informa que las condiciones de operación en Colombia son optimas2, incluyendo una honrosa mención sobre el buen estado de la infraestructura de transporte.

Con base en esta información, las compañías desarrollan modelos económicos para sus proyectos, los cuales incluyen sus actividades esenciales de prospección sísmica, perforación exploratoria y desarrollo de campos de producción, en el entendido de que la malla vial regional está preparada para sostener este tipo de desarrollo que, por supuesto, requiere del empleo de maquinaria pesada que a su vez requiere de vías con especificaciones de alta calidad. Al ingresar en la región y encontrar que la malla vial está muy por debajo de las especificaciones anunciadas por el Estado Colombiano, las empresas realizan las adecuaciones mínimas suficientes para el paso de su maquinaria, pero no cuentan con presupuestos, modelos económicos ni la capacidad para mejorar las especificaciones de las mismas, dado que esta es una de las condiciones ofrecidas por el Estado para asegurar las inversiones en los territorios, y por lo tanto es su responsabilidad coordinar el mantenimiento y mejoramiento de la malla vial con las gobernaciones departamentales y las alcaldías municipales.

Ahora bien, las empresas están en disposición de asegurar el mantenimiento preventivo y la reparación de los daños puntuales que éstas ocasionen a la vía por el paso de sus vehículos y maquinaria, dentro de límites razonables de calidad. Si las alcaldías municipales, la gobernación departamental y el Estado acuerdan el mejoramiento de las especificaciones de las vías dentro de sus planes de desarrollo y aseguran presupuestos razonables para este tipo de proyectos, la industria podría considerar la posibilidad de vincularse en tales iniciativas como uno más, junto con las empresas del sector agropecuario, de los socios del proceso.

Participación laboral

El proceso de implementación de las políticas de desarrollo hidrocarburífero por parte del Estado Colombiano en las regiones ha generado una serie de expectativas que no son consistentes con el grado de preparación de la comunidad, a nivel local y regional, para acometer procesos de desarrollo que vayan mas allá de sus vocaciones productivas endógenas. En regiones donde las oportunidades laborales para el desarrollo agropecuario podrían ser las más apetecidas por su potencial agrícola y ganadero, buena parte de la expectativa laboral se vuelca sobre la posibilidad de trabajar en labores de mano de obra no calificada o calificada en la industria petrolera, y se abandonan las vocaciones productivas de la región.

En contraste, la industria petrolera no está en capacidad de ofrecer una solución integral a las expectativas laborales que surgen con ocasión de su ingreso al territorio: durante la fase de exploración, la empresa está en condiciones de ofrecer trabajo temporal de muy corto plazo, y durante la fase de producción sólo puede ofrecer trabajo de carácter altamente especializado, dado que además de la preparación certificada que debe tener el trabajador calificado, deben cumplirse requisitos de alta exigencia en materia de salud ocupacional y seguridad industrial, ya que se trata de labores de alto riesgo.

En zonas de vocación agricultora y ganadera, las expectativas laborales no giran tanto alrededor de la oportunidad laboral como de la posibilidad de aspirar al denominado “salario petrolero”, el cual es aparentemente mayor que el salario regional que se acostumbra pagar a los trabajadores en el sector agropecuario local.

Sin embargo, creemos que lo que hace “especial” al salario petrolero es que éste contempla todos los beneficios establecidos por la ley y los reglamentos laborales colombianos, lo cual aparentemente no sucede con los jornales locales, creando las diferencias que hacen atractivo trabajar para la industria.

En consecuencia, las empresas petroleras ingresan a la región con salarios y beneficios que están apegados a las normas laborales, lo cual genera un desbalance entre lo que éstas pagan y lo que se acostumbra a nivel local. Esto crea una distorsión económica a nivel del municipio, la cual genera una inflación no controlada en los precios de arriendo de vivienda y la canasta familiar, que obligan a las personas a abandonar sus vocaciones productivas y aspirar a emplearse con la petrolera, o al menos a prestarle algún servicio de carácter temporal o comercial. En los municipios donde el nivel de preparación académica del personal es bajo, se presentan tres posibilidades:

1) se aspira a trabajar en un oficio no calificado dentro de la empresa, 2) se aspira a montar una venta de refrescos y cerveza en inmediaciones de sus instalaciones y 3) se aspira, al menos, a ofrecer un servicio como el alquiler de una camioneta, arrendar una habitación u optar por ejercer la prostitución con tal de obtener acceso a los recursos económicos disponibles localmente.

Participación de bienes y servicios locales

Existen, por lo menos, tres tipos de bienes y servicios que hacen parte del catálogo de requerimientos de las compañías que ingresan en las regiones en programas de exploración y explotación de hidrocarburos.

En la etapa de exploración, por tratarse de un proceso de búsqueda de prospectos a todo riesgo por parte de las compañías, se requiere el servicio de compañías altamente especializadas en adquisición de sísmica, perforación estratigráfica o perforación exploratoria y pruebas de producción. Estas labores demandan de altos estándares de calidad y requieren trabajadores calificados de alta experiencia certificada que, generalmente, no existe en la región y debe ser traída de zonas donde ha habido altos niveles de actividad hidrocarburífera. Normalmente estas empresas separan cupos de mano de obra no calificada que se ofrecen entre las comunidades locales, pero son muy pocas las ocasiones en que empresas regionales o locales están en capacidad de ofrecer servicios especializados de sísmica, perforación o montaje de sistemas temporales de producción para pruebas cortas y extensas.

En segundo lugar, entre los servicios no especializados que podrían ofrecerse a las empresas, están los de transporte, ya sea de personal, de material de construcción, de sustancias líquidas, carga o hidrocarburos. Debido a que este tipo de servicios debe prestarse por fuera de las instalaciones de la empresa, están sujetos a una serie de reglamentos y condiciones establecidas por las autoridades nacionales de tránsito y transporte, además de los requerimientos de seguridad y protección del personal que han sido establecidos por las compañías en virtud de los altos riesgos de las operaciones.

varios casos, las compañías se ven obligadas a rechazar la oferta de vehículos locales que, lamentablemente, no cumplen con los estándares establecidos por la normatividad nacional de transporte y esto ha ocasionado problemas con sus propietarios.

En tercer lugar, en caso de éxito exploratorio y desarrollo de campos e instalaciones de producción, se emplean empresas especializadas en montajes metal-mecánicos para tratamiento de crudo, producción, almacenamiento y cargue. Todas estas empresas deben acreditar alta experiencia en manejo seguro de este tipo de instalaciones, y en ocasiones se implementan nuevas tecnologías que no son conocidas por ningún trabajador local. En muchos casos, las empresas incorporan trabajadores calificados locales que son entrenados debidamente para el manejo de nuevas tecnologías, pero éstos no pueden aprovechar su experiencia mas allá de las fronteras de su municipio, dado que se les rechaza en otras regiones del país por cuenta de la priorización de la oferta de empleo a nivel local, práctica que viola la Constitución Política de Colombia.

Inversión social

El término “inversión social” no tiene un origen legislativo, normativo ni reglamentario, y se refiere a prácticas de carácter filantrópico y voluntario que las empresas han venido desarrollando históricamente en la medida en que han ingresado en las regiones y se ha encontrado con altos niveles de abandono institucional, tremendas brechas entre riqueza local y pobreza generalizada y una desconexión grave entre las capacidades productivas del territorio y la poca oportunidad que las comunidades tienen de aspirar a progresar haciendo uso de sus destrezas para la labor del campo y el patrimonio cultural endógeno que las hace valiosas, importantes y capaces.

Aunque el desarrollo del potencial productivo endógeno y vocacional del ciudadano es una responsabilidad moral, ética y política de sus gobernantes locales, existen ocasiones en que algunas empresas, guiadas por políticas e iniciativas propias de responsabilidad social, deciden colaborar con el fortalecimiento de comunidades e instituciones locales con el fin de rescatar la legitimidad del estado, las relaciones democráticas o las capacidades productivas a fin de reducir o cortar la dependencia del ingreso de economías de enclave, legales o ilegales, las cuales tienen a aumentar el riesgo de corrupción local y, por ende, la pobreza de la región.

El principio general de las contribuciones de carácter voluntario es, por definición, que una empresa opta por hacerlas o no hacerlas, y también determina su alcance con base en las políticas y presupuestos establecidos por sus casas matrices. Existen algunos casos en que empresas petroleras de pequeño tamaño sencillamente optan por no hacer ningún tipo de contribución voluntaria, y eso es perfectamente legítimo.

A pesar del carácter eminentemente voluntario de este tipo de “inversión”, existen iniciativas legislativas y propuestas gubernamentales (como por ejemplo las Alianzas para la Prosperidad) que han venido tratando de establecerlas con carácter obligatorio, hasta ahora sin éxito, ya que esto genera riesgos de inestabilidad jurídica para los inversionistas.

Con base en todo lo anterior, consideramos que las relaciones entre las entidades gubernamentales del nivel local y las empresas del sector hidrocarburífero deberían mantenerse en un ámbito de sociedad y colaboración en la búsqueda del desarrollo integral de la región, sobre la base de su ordenamiento territorial, los planes de desarrollo enmarcados en sus vocaciones productivas y las relaciones constructivas entre las comunidades y el Estado Colombiano alrededor de procesos de desarrollo que potencialicen sus capacidades endógenas y el valioso patrimonio cultural de su comunidad. El desarrollo petrolero no debe ser el eje ni el jalonador del progreso en una región que está en capacidad de hacer mucho más, tiene gente valiosa y capaz, que puede generar un proceso de desarrollo que identifique plenamente a la región, y de la cual el petróleo sea tan sólo uno de sus componentes.

Agradecemos inmensamente su amable atención a la presente, y estamos a su disposición para suministrar cualquier información adicional o aclaración que sobre el tema se requiera.

Cordial Saludo,
Mauricio Ibáñez
Consultor en Desarrollo y Sostenibilidad