En un Consejo Extraordinario de Seguridad las autoridades del Departamento analizaron el fenómeno de migración de población venezolana a Casanare y algunas denuncias por presuntas amenazas a líderes.

Se concluyó que todas las autoridades deben garantizar el respeto por los derechos de los compatriotas venezolanos y la atención primaria para la dignidad humana.
La oficina de Migración reportó que han deportado algunos migrantes venezolanos. El proceso de deportación se demora entre 45 días a dos meses, pero de tratarse de delitos, es inmediata.

El Gobernador recomendó que aquellas personas que comentan delitos e infrinjan el código de policía y sean excarcelados, la Oficina de Migración adelante el proceso de deportación, igualmente dio instrucciones para que se informe a esta población sobre el respeto a las leyes de nuestro país.

El ICBF, anunció que le aprobaron algunas toneladas de bienestarina para la atención de esta población que camina por las vías. Se recomendó reportar a la oficina de migración, los casos de padres de familia que tengan menores trabajando en semáforos o en la mendicidad, para que sean deportados.

Se enviarán cartas a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores reportando la problemática; a su vez a la Oficina de Gestión del Riesgo, adelantará la solicitud a la comunidad internacional para que envíen ayudas humanitarias para la atención de 5 mil venezolanos que han sido registrados en Casanare.

La reunión presidida por el Gobernador Alirio Barrera, contó con la asistencia de los comandantes de las fuerzas armadas en la región, el Alcalde de Yopal, el ICBF, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.