Proveedores de los 9 municipios del norte de Casanare reclaman el pago por los servicios ofrecidos para prestar el programa de restaurantes escolares a la firma denominada “La Cañada”.

Según las afectadas que insisten ante la Gobernación de Casanare por el pago, las deudas con los 9 municipios ascienden a mil 200 millones de pesos desde el año 2016, hoy están quebradas y a punto de quedar sin vivienda por cuenta de los embargos que hicieran ante los Juzgados personas que suministraron los insumos para preparar los alimentos.

En la Secretaría de Educación les indican que el representante legal de la Corporación Social Ecológica “La Cañada”, Jhon Durán, no ha querido presentar la cuenta y que ya hay una orden de parte de un Juzgado para retener parte del saldo, por lo que la situación es incierta.

El tema incluso fue llevado ante la Asamblea Departamental y varios diputados indicaron que iban a interceder para que se hicieran los giros pertinentes por el servicio prestado, pero que a la fecha no hay solución.

Luby Benítez, una de las afectadas instó al Gobernador para que revise la función de la interventoría y la misma supervisión realizada por la Secretaría de Educación sobre dicho contrato.

[video=]