El Juzgado Primero Administrativo de Yopal le tiró las orejas a la Contraloría General de la República por riesgo de prescripción de un proceso fiscal contra la Gobernación de Casanare y la ejecución del contrato con la Unión Temporal LMJ, por la construcción del internado y restaurante escolar para el Instituto educativo Luis María Jiménez, sede San José del Bubuy de Aguazul celebrado en el 2011 por la suma de $1.398 millones de pesos, obra que quedó inconclusa y a la que le inició un proceso fiscal.

A la Unión Temporal LMJ le giraron $1.222 millones de pesos, según el informe del Grupo de Vigilancia Fiscal de la Gerencia Departamental Colegiada de Casanare de la Contraloría General de la República, que además señala que se hizo una visita de obra el 19 de noviembre de 2013 y al llegar al sitio de la obra, “no se encontró personal en obra, tampoco se encontraron materiales que indicaran que esta se realizaría, además se observó que hacia bastante tiempo no se trabajaba en la obra, ya que el pañete presentaba moho y se estaba cayendo por quedar a la intemperie”.

El informe además señalaba que se daba apertura a un proceso de responsabilidad fiscal contra unos presuntos responsables, pero hoy está en un alto riesgo de prescripción conforme a los términos del artículo 9 de la ley 610 de 2000.

El llamado de atención a la Contraloría se da dentro de la demanda interpuesta en el 2016 por estudiantes y padres de familia del Colegio Luis María Jiménez de San José del Bubuy de Aguazul, contra la Gobernación de Casanare y la Contraloría General de la República por las obras inconclusas del internado y restaurante escolar de esa Institución educativa.

La Gobernación de Casanare en el 2016 realizó un nuevo contrato para la construcción y terminación del internado y restaurante escolar de ese establecimiento educativo, que anuncian será inaugurado próximamente. Sin embargo, los recursos y la responsabilidad del primer Contratista, quedarían prescritos y en la impunidad.