Luego de espantar el fantasma de las protestas de los contratistas, que frenaron la producción el año pasado, y sin contar los atentados contra los oleoductos de los últimos meses, la industria petrolera enfrenta otra encrucijada por cuenta de los bloqueos organizados por las comunidades donde operan.

Cifras de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) revelan que el año pasado el número de interrupciones al desarrollo de las actividades de las compañías se incrementó en un 88 por ciento, al totalizar 191 casos. Pero este año la preocupación es mayor porque, sin consolidar los datos de todas las empresas, entre enero y marzo el número de situaciones llegó a 80, cifra que representa el 46,8 por ciento del año pasado y que es seguro que subirá cuando se consoliden los reportes. Es decir, que de seguir la tendencia, por lo menos se registrarían 320 bloqueos en todo el año.

En la “disparada” de las protestas sociales el factor determinante ha sido la reforma de las regalías, que quedó en firme el 2 de mayo, con la aprobación de la conciliación de los textos del Senado y de la Cámara de Representantes.

El presidente de la ACP, Alejandro Martínez, advierte que se ha exacerbado la situación por la inconformidad que manifiestan las personas en los departamentos productores, frente a la disminución de los ingresos por regalías.

Entre enero y marzo, los bloqueos han sido más visibles en el Casanare, donde se han presentado 26, y en el Meta, con 16 casos hasta el momento. Lo preocupante es que al ser compañías pequeñas, los casos poco se conocen, excepto si se trata de firmas que cotizan en bolsas internacionales, como Petromagdalena, que se transa en la bolsa de Toronto. Desde el 24 de abril, esta empresa estuvo 16 días sin producir mínimo 3.000 barriles en el bloque Cubiro, por las tomas de los habitantes de San Luis de Palenque y Trinidad (Casanare).

ASÍ LO HACEN

La ACP señala que entre las causas aparece la exigencia de contratación de personal local, el arreglo de la infraestructura vial y el ajuste de los salarios al nivel de los que paga Ecopetrol. Además, las comunidades piden construcción de acueductos, alcantarillados, escuelas, hospitales, servicios públicos y hasta acceso a Internet por celulares en las zonas alejadas.

Los manifestantes no se han tomado los campos productores o de exploración, pero sí se las han arreglado para realizar los bloqueos en puntos estratégicos, o se interponen en el acceso a las instalaciones, para no dejar ingresar a los trabajadores.

Las petroleras aseguran que sindicatos como la Unión Sindical Obrera (USO) se están adueñando de la representación de las comunidades, y que hay ausencia de gobernabilidad en algunas zonas, cuyas autoridades no actúan de forma oportuna para evitar o terminar las vías de hecho.

El impacto de las protestas se sabrá en los próximos días, cuando el Ministerio de Minas revele las cifras de producción petrolera de abril, publicación que ha tardado más de lo acostumbrado.