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Al 30 de noviembre del 2016, la operación petrolera del país se vio afectada por 251 bloqueos que impactaron la producción de hidrocarburos en varias regiones.
Sin embargo, al comparar esta cifra con la de 2015, los asedios a los campos petrolíferos fueron un 45% menos, ya que para el citado año se reportaron 457 bloqueos.

Estos resultados son parte de la conclusión de un estudio de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), el cual indica que desde el 2010, el año que mayor número de bloqueos a las instalaciones que se reportaron fue en el 2013 con 482 asedios.

Y el informe de la ACP indica además que, el año que se reportaron menos bloqueos fue el 2010 con 90.

“Hay que mejorar las condiciones de entorno para el desarrollo de las operaciones, especialmente en el relacionamiento con las comunidades”, afirma Francisco José Lloreda Mera, presidente de la ACP.

Causas de las protestas

Una investigación desarrollada por la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol) señala que “dentro de las causas de los paros y bloqueos que manifiestan las empresas petroleras están la exigencia de vinculación de personal local adicional a las capacidades reales de contratación de las empresas estipuladas en la ley, así como el ajuste de salarios”.

A renglón seguido, el estudio de Campetrol revela además que algunas comunidades demandan la construcción de acueductos, escuelas, hospitales, instalaciones de servicios públicos y arreglo de la infraestructura vial, obras que el Gobierno Nacional, los regionales y municipales, deben construir con recursos de impuestos de regalías.

Campetrol indica también que por cuenta de los bloqueos y protestas sociales a las operaciones petroleras, en el 2016 se dejaron de producir cerca de 9.016 barriles promedio diarios (bpd), y que las comunidades llevaron a cabo en 11 departamentos (Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Meta, Putumayo, Santander y Sucre).

Así, “si se toma como referencia el precio promedio del barril Brent para 2016 de US$42,43, la producción petrolera pérdida por esta situación en región sumaría US$ 382.548 por día, es decir, algo más de $1.182 millones diarios”, manifiesta Campetrol.

La investigación del gremio indica también que “al tener en cuenta el efecto multiplicador que genera la producción de petróleo en el resto de la economía (por cada $1 que se produce, este se traduce en $3,3 en el resto de la economía), el país dejó de percibir cerca de $3.900 millones por día”.

Departamentos afectados

En otro de los apartes del estudio de la ACP, indica además que Casanare (78), Meta (53), Santander (38), Cesar (14), Norte de Santander (12), Putumayo (12) y Arauca (8), fueron los departamentos que al 30 de noviembre habían registrado el mayor número de bloqueos en campos petrolíferos.

En varias oportunidades, y cuando se le consulta al respecto, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, explica que hay un tema de soberanía por parte del Estado, y la protesta social hay que enmarcarla dentro de lo razonable; pero las protestas y bloqueos se han vuelto objeto de oportunismo. “La gente sabe que se va a operar en una determinada coordenada y allí aparecen dos o tres familias que antes no estaban”, precisa.

La ACP en su estudio, indica además, que entre las causas por las que la comunidades adelantan bloqueos o protestas sociales, los temas laborales son la mayor demanda con un 38%, le siguen bienes y servicios con un 29%, vías de acceso con un 10%, aspectos sociales con un 9%, ambientales 3%, servidumbres 3% y socializaciones 2%.

“Las inversiones sociales y ambientales se enmarcan en el Código de Estrategia para la Gestión del Entorno y en el Procedimiento de formulación y evaluación de proyectos de inversión socioambiental”, explicó en septiembre pasado el presidente de Ecopetrol en una citación ante el Senado de la República.

A través de varios comunicados Campetrol indica que fuera de las pérdidas en producción y en ingresos generados por esta vía, está el incremento del costo de operación para cada una de las empresas, ya que la prestación de determinados servicios en región se cobra, muchas veces, 500% más que el valor del mercado tradicional.