La ex secretaria general de Corporinoquia, Carolina Mariño, hoy directora de responsabilidad fiscal de la Contraloría Departamental, aspira a una indemnización que supera los 700 millones de pesos por haber sido retirada de su cargo en la entidad ambiental.

Mariño sustenta en la demanda que el reglamento interno del Consejo Directivo de Corporinoquia adoptado por medio de Acuerdo, establece que cuando el Director General de la Corporación sea desvinculado temporalmente del cargo, asumirá las funciones el Secretario General o quien haga sus veces, es decir ella debería estar ocupando la Dirección.

Señala en la demanda que sin embargo, el Consejo Directivo que ejercía sus funciones hasta el 31 de diciembre de 2019, contrariando a lo que establecían los estatutos, en la sesión extraordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2019, solicitó copia de la hoja de vida de los servidores del nivel directivo y asesores de la Corporación con el fin de designar el funcionario que asumiría el cargo de Director General Encargado, ante la falta o ausencia temporal del titular del cargo como consecuencia de la decisión judicial que suspendió cautelarmente la designación de Doris Bernal Cárdenas como Directora para el periodo 2020-2023.

Según la demanda, la presunta irregularidad se dio cuando el Consejo Directivo de Corporinoquia contrariando los estatutos, realizó el nombramiento de Dolia Jenny Gámez Cala, adscrita a la subdirección de Planeación, quien no pertenecía al nivel directivo, ni asesor de la Corporación.

Gámez Cala a su vez nombró en el cargo de Secretario General a Jorge Andrés Mariño Álvarez, quien asume hoy como Director y dio por terminado el nombramiento de Diana Carolina Mariño el 3 de enero de 2020, quien a través de tutelas intentó recuperar su cargo, pero dichas acciones fueron negadas.

Para exigir las reparaciones económicas señala la demanda, que Mariño Mondragón padeció inconvenientes entre ellos depresión y ansiedad y por ende todo el núcleo familiar se vio afectado, por lo que solicita el reintegro y que se paguen los daños y perjuicios causados a su persona, su esposo, su hija y su madre, ante la privación del derecho que tenía de asumir el cargo de Directora General a partir del 1 de enero de 2020.

Dentro de los requerimientos económicos que hace Mariño está el pago del salario de 9.122.133, que dejo de percibir como Secretaria General durante los meses de enero, febrero y marzo, es decir 27 millones 366 mil 399 pesos; por el daño moral contra su familia 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por perjuicio inmaterial para su familia 100 salarios para cada uno de los integrantes de la familia, es decir 400 salarios mínimos legales vigentes.

Además, solicita disculpas públicas como reparación del daño a bienes o derechos convencionales y constitucionales.