Unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación, adscritos a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Caquetá, capturaron a Marinelda Martínez Pérez y Wilmer Harol García Camargo; contratista representante de la Ferretería La Escuadra y el interventor del proyecto por el que son judicializados, respectivamente.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, la pareja fue detenida el fin de semana reciente en Yopal, por los delitos peculado por apropiación, uso en documento falso, prevaricato por omisión y peculado por apropiación a favor de terceros.

Estas dos personas, al parecer, participaron en las irregularidades presentadas en la celebración del convenio para la construcción de viviendas de interés social en la Urbanización Villas de Marsella y que fue suscrito en 2015. Proyecto cuyos destinatarios eran población desplazada de San Vicente del Caguán (Caquetá).  Ambos eran solicitados por un juzgado promiscuo de San Vicente del Caguán.

Martínez Pérez era requerida por los delitos de peculado por apropiación y uso en documento falso; mientras que García Camargo, lo era por los punibles de prevaricato por omisión y peculado por apropiación a favor de terceros. Ninguno aceptó responsabilidad en los delitos imputados.

Según la Fiscalía, en este caso se detectó una apropiación de 1.336’903.349 millones de pesos por concepto de anticipos que eran dados por la Alcaldía del municipio de San Vicente del Caguán para las viviendas en mención. 

El ente acusador solicitó medida de aseguramiento restrictiva de la libertad para los dos procesados, pero el juez se abstuvo de imponerla, pero seguirán compareciendo al proceso en libertad. 

El contrato 

El 1 de diciembre del año 2015 se celebró el convenio asociativo de vivienda N° 093 con la Ferretería La Escuadra cuyo objeto era la construcción de 810 viviendas en la llamada ‘Urbanización Villa de Marsella’, destinada a la población desplazada en la zona norte del Caquetá.

Este convenio tenía como plazo de ejecución 30 meses y su valor superaba los 25 mil millones de pesos ($25.952.134.997).

Las labores de policía judicial llevaron a determinar que el convenio se realizó sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales, se vulneraron los principios de transparencia, selección objetiva, economía y responsabilidad, por lo cual fue judicializado hace un par de semanas el alcalde, para la época de los hechos, Domingo Emilio Pérez Cuéllar.