En una auditoria al Programa Nacional de Adopciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Contraloría General de la República advirtió que el ICBF tiene a 5.159 niños sin definirles si serán o no adoptados, en una especie de limbo jurídico para el restablecimiento de derechos.

La señal de alarma que encendió la Contraloría, al Programa Nacional de Adopciones, consignadas en el informe macro sectorial 2021, cuyo corte es a diciembre de 2020, señala entre los departamentos peor diagnosticados a, Guainía con 52 % de los casos sin definir; Antioquia con 44 %, Risaralda con 38 % y Casanare, 35 %.

Sin embargo, según dicho informe en Antioquia, Casanare y San Andrés se registraron más familias solicitando una adopción que la cantidad de menores declarados en condición para ser acogidos por una nueva familia.

El ente de control, afirmó que esas demoras, significan un riesgo muy alto para los menores, “que en algunos casos podría llegar a convertirse en una revictimización por parte de la institucionalidad, toda vez que estarían perdiendo la oportunidad de materializar su derecho a tener una familia, bien sea con su propia familia biológica, extendida o a través de una familia adoptiva”.

Además, añade que, 2.370 niños, niñas y adolescentes fueron declarados en adoptabilidad entre 2018 y 2020, menos del 2 % de los que estuvieron en procesos de restablecimiento de derechos en ese período. Para este año, 4.144 de los recibidos esperan ser adoptados, aunque 772 encontraron una familia en lo que va corrido de 2021.

Los menores de edad con alguna discapacidad permanente, los mayores de diez años o pertenecientes a un grupo de tres o más hermanos, tienen más dificultades para encontrar quien los acoja; sin embargo, la Contraloría señala que la mayoría de los niños en adopción no tienen ninguna de las características mencionadas, por lo que no hay razón ni explicación para la demora en su proceso, y resalta en el informe que los mecanismos de adopción, que suman más de veinte pasos, son demasiado lentos.

Por otra parte, durante los dos años mencionados, se iniciaron 113.581 procesos por distintos tipos de violencia en contra de menores de edad y más de la mitad fueron por violencia sexual, acoso o explotación, desnutrición, abandono y negligencia. Con base en esto, la Contraloría considera que los programas de prevención y las políticas son insuficientes.

Entre los datos revisados por la Contraloría, hay inconsistencias en algunos documentos. Por ejemplo, halló casos de fallos de adopción con fecha anterior a la de apertura del proceso de restablecimiento de derechos, algo imposible dentro del modelo del ICBF.