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Porque su aporte a la verdad no es suficiente, JEP rechazó sometimiento del exgobernador de Casanare William Pérez

La Sala de definición de situaciones jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) consideró que el exgobernador de Casanare William Hernán Pérez Espinel, no presentó información novedosa, pues se dedicó a replicar los datos que ya se conocían en la justicia ordinaria.

En consecuencia, la JEP rechazó el sometimiento del exdirigente casanareño, al considerar que su aporte a la verdad no es suficiente.

Pero, además, la solicitud de sometimiento que había pedido Pérez Espinel, fue rechazada, porque como agente del Estado no integrante de la fuerza pública, los delitos por los que está condenado no tienen relación alguna con el conflicto armado. Según la JEP, los procesos que llegaron no tienen nada que ver con su competencia por lo que su situación jurídica seguirá siendo competencia de la justicia ordinaria.

Pérez había aceptado que su campaña a la gobernación fue financiada por las Autodefensas Campesinas de Casanare, con el compromiso de que él los dejara ampliar su influencia en la zona una vez ganara. Asimismo, las investigaciones han llevado a establecer que el exgobernador entregó recursos públicos a los paramilitares al mando de Martin Llanos.

Pérez ha sido vinculado a 16 procesos judiciales y condenado por la Corte Suprema de Justicia.

Aunque en su compromiso temprano de aporte a la verdad había asegurado que podía aportar información sobre personas que tuvieron nexos con las entonces autodefensas del Casanare, la JEP consideró que su aporte ha sido difuso e incompleto.

"Recibió el aval de alias 'Martín Llanos' para asegurar su triunfo en la gobernación del departamento de Casanare para el periodo 2001- 2003, y para ello, se comprometió la administración permitiendo la manipulación de al menos parte de los recursos públicos, especialmente a través de la ausencia de selección objetiva de contratistas puso a disposición del grupo ilegal las arcas del departamento, así como tener un aliado en cargos de poder público, lo cual consolidaba el poder territorial del grupo ilegal en departamento de Casanare", se lee en la decisión de la JEP.

Al presentar su aporte temprano de verdad se consideró que el exgobernador no presentó información novedosa, pues se dedicó a replicar los datos que ya se conocían en la justicia ordinaria, incluso algunos hallazgos con los cuales la Corte dictó su condena.

El exgobernador de Casanare cumplió buena parte de su condena en el Centro de Reclusión de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Acacías - Meta, pero luego fue trasladado a La Picota en Bogotá. Se encuentra vinculado en 16 procesos judiciales en calidad de indiciado por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contratación sin cumplimiento de requisitos, concusión y enriquecimiento ilícito. Aunque sobre su nombre pesan tres condenas por más de ocho y 15 años, el político pidió pista en la JEP para que conociera del resto de expedientes. En 2018 logró que la justicia transicional tuviera para estudio su caso, y desde allí empezó la lucha para que fuese aceptado a través de sometimiento. El tribunal de paz resaltó que debía entregar información valiosa sobre los nexos que tuvo con el grupo ilegal.



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