La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición de nulidad que presentó la defensa del ex gobernador de Casanare, William Pérez Espinel contra el proceso que se adelanta en su contra por enriquecimiento ilícito.

Según la investigación Pérez Espinel y su familia habrían incrementado su patrimonio injustificadamente a través de la adquisición de bienes mientras se desempeñó como gobernador del Casanare.

La corte igualmente accedió a la solicitud de inclusión de nuevas pruebas dentro de la investigación.

De otro lado, William Hernán Pérez Espinel, ya fue condenado luego de acogerse a sentencia anticipada por los delitos de concierto para delinquir agravado y celebración indebida de contratos, sumados a otros como peculado a favor de terceros y concusión.

Pérez fue sentenciado a 15 años de prisión, multado por $2.400 millones e inhabilitado por 10 años para ejercer funciones públicas.

La Corte Suprema de Justicia consideró que Pérez generó desmedro económico a Casanare a través de cuatro contratos y dos convenios con la Universidad de Cartagena, que le representaron al erario del departamento $6.020 millones. La Corte determinó que Pérez también debía reponer esa suma a favor de las arcas de Casanare.

El proceso contra el ex mandatario giró en torno a su perversa relación con Héctor Buitrago, más conocido como Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc).

Según ex integrantes de las ACC el pacto entre Llanos y Pérez se evidenció en la contratación irregular que obtuvieron las cooperativas Proteger, Coespro, Conalde, Coonal y Cometer, todas manejadas por Llanos. Para delegar los contratos a dedo, Pérez Espinal evadió las licitaciones públicas a través de triangulaciones y así benefició a las mencionadas empresas. En sus contrataciones, la Fiscalía constató que ni las cooperativas ni la Universidad de Cartagena contaban con la experiencia o la idoneidad para ejecutar las obras. Los proyectos iban desde alcantarillados hasta programas de inversión social.

Pérez Espinel, también fue condenado a ocho años de prisión por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia luego de encontrarlo culpable de los delitos concusión e Interés indebido en la celebración de contratos, por favorecer a varios concejales del municipio de San Luis de Palenque, para que les fuera adjudicado un contrato de electrificación por valor de cuatrocientos millones de pesos.