La sala penal de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de nulidad radicada por la defensa del ex gobernador del Casanare, William Hernán Pérez Espinel, quien está siendo procesado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

El Alto Tribunal tomó la decisión al considerar que “en el expediente obra el material probatorio necesario (…) además, durante un lapso considerable se cumplieron las diligencias pertinentes para recaudar las pruebas ordenadas, garantizando así plenamente el derecho de defensa y el principio de investigación integral, no procede la nulidad que se demanda”.

Sin embargo el Alto Tribunal, acogió la petición de la defensa en cuanto a la solicitud de una serie de pruebas documentales que deberán ser aportadas al proceso penal que se adelanta contra el ex mandatario departamental.

William Hernán Pérez Espinel, quien fue gobernador de Casanare entre 2001 y 2003, ya fue condenado en 2009 en otro proceso, luego de acogerse a sentencia anticipada en los delitos de concierto para delinquir agravado y celebración indebida de contratos, sumados a otros como peculado a favor de terceros y concusión, Pérez fue sentenciado a 15 años de prisión, multado por $2.400 millones e inhabilitado por 10 años para ejercer funciones públicas.

El perjuicio que le causó el mandato de Pérez Espinel a su región fue calculado de varias maneras por la Corte Suprema de Justicia. En la providencia del fallo, el alto tribunal indicó que, según las investigaciones de la Fiscalía, este desmedro económico se generó a través de cuatro contratos más dos convenios con la Universidad de Cartagena, que le representaron al erario del departamento $6.020 millones, es decir, cerca de 26 mil salarios mínimos. La Corte determinó que Pérez también debía reponer esa suma a favor de las arcas de Casanare.

El proceso contra el ex mandatario giró en torno a su relación con Héctor Buitrago, más conocido como Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc). La justicia recolectó testimonios de jefes políticos de Casanare como Miguel Ángel Pérez, que relató cómo tuvo que renunciar a sus aspiraciones a la Gobernación para el período 2001-2003 luego de que Martín Llanos y otros jefes paramilitares le dejaran claro que su intención era “cogobernar el departamento”.

El ex integrante de las Acc Javier Fernando Rivera, alias El Gordo, declaró que el pacto entre Llanos y Pérez se evidenció en la contratación irregular que obtuvieron las cooperativas Proteger, Coespro, Conalde, Coonal y Cometer, todas manejadas por Llanos. Estamentos como el Tribunal Administrativo de Casanare encontraron que para delegar los contratos a dedo, Pérez Espinal evadió las licitaciones públicas a través de triangulaciones y así benefició a las mencionadas empresas. En sus contrataciones, la Fiscalía constató que ni las cooperativas ni la Universidad de Cartagena contaban con la experiencia o la idoneidad para ejecutar las obras.

Dichos proyectos iban desde alcantarillados hasta programas de inversión social. La Corte, sin embargo, entendió que tal malversación de fondos fue más que un acto de corrupción: “Con la solicitud indebida de dineros a favor de terceros y con la debida celebración de contratos, la seguridad pública también se vio afectada con el fortalecimiento económico de las Acc”. Tanto así que, según el testimonio del desmovilizado Carlos Guzmán Daza (Salomón), Pérez Espinel y Llanos sostenían reuniones frecuentes en zonas rurales del municipio de Puerto López, para discutir, incluso, cómo manejar el Fondo de Ahorro y la Estabilización Petrolera.