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A pesar de que había pedido su libertad tanto a la justicia ordinaria como a la JEP, el general (r) Henry William Torres Escalante deberá seguir privado de su libertad mientras avanza el caso en su contra por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales.

Torres Escalante es investigado por un caso de 'falsos positivos' ocurrido cuando fue comandante de la Décima Sexta Brigada del Ejército en Casanare. Específicamente por el asesinato de los campesinos Daniel Torres Arciniégas y su hijo Roque Julio Torres Torres, ocurrido en 2007, ambos fueron reportados como bajas en combate con la guerrilla del ELN.

Luego de años de investigaciones, en 2016 se ordenó la detención preventiva de Torres Escalante en una cárcel militar, pero en 2017 el General (r) manifestó su intención de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y solicitó al juez de Yopal que llevaba su caso detener el proceso, mientras entraba en funcionamiento esa justicia transicional, y dejarlo en libertad.

Si bien el juez no estuvo de acuerdo con congelar su proceso, sí le dio la libertad bajo la condición de no salir del país y presentarse cuando fuera requerido. Sin embargo, eso fue apelado por la Fiscalía por lo que en enero del 2018 el Tribunal Superior de Yopal expidió nuevamente una orden de captura en su contra. El General (r) se presentó y fue enviado a la Escuela de Infantería Cantón Norte, en Bogotá.

Torres interpuso una tutela contra esa decisión del Tribunal de Yopal, argumentó que se desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad individual, pero en primera instancia la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó sus pretensiones puesto que el caso estaba en trámite, en la fase de juzgamiento.

El General (r) impugnó esa decisión, por lo que le correspondió revisarla a la Sala Civil de la misma corte, que confirmó la negación del amparo pues consideró que la tutela era improcedente y que Torres tenía otros medios judiciales más idóneos para ejercer su derecho al debido proceso.

Por último, su tutela fue seleccionada por la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, que en enero pasado insistió en la improcedencia y, por lo tanto, no le concedió la libertad.

Por otro lado, en julio del año pasado, cuando Torres firmó su acta de sometimiento ante la JEP, para que su caso fuera llevado por esa justicia, volvió a pedir su libertad, argumentando que se vulneraba el trato simétrico equilibrado y equitativo que deben recibir los militares sometidos a la JEP.

Hasta diciembre del 2018 su solicitud fue resuelta por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que si bien le negó la libertad, por considerar que no cumplía con los requisitos para optar por este beneficio, pues había estado privado de la libertad menos de 5 años, le concedió como beneficio que cumpla lo que le falta de esos años en una unidad militar, como en la que ya está desde 2018.

Además se remitió su caso a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, puesto que es procesado por uno de los más graves crímenes, el de ejecuciones extrajudiciales. Cuando Torres Escalante se sometió a esa jurisdicción se comprometió a aportar toda la verdad pero dijo que no reconocería responsabilidad.