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Para poner a producir esta zona de suelos ácidos, baja fertilidad y pobre en nutrientes, hay que hacer grandes inversiones. Por eso se requieren inversionistas con músculo financiero.

La idea del gobierno nacional, de replicar en la Orinoquia colombiana el modelo que convirtió a Brasil en una potencia agrícola mundial, podría quedarse en el papel. Un reciente fallo de la Corte Constitucional, que tumbó tres artículos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, puso a tambalear el proyecto que busca desarrollar ordenadamente una amplia zona de la Orinoquia, considerada la última frontera agrícola del país. Se trata de la llamada Altillanura, una extensión de siete millones de hectáreas de las cuales cuatro podrían ser utilizadas para la agricultura. Eso significa que se duplicaría la tierra actualmente destinada a producir alimentos en Colombia.

Para viabilizar este ambicioso proyecto, que muchos llaman el Cerrado Colombiano, en referencia a lo hecho por los brasileños, el gobierno a través de la Ley del Plan de Desarrollo, flexibilizó lo que se conoce como la Unidad Agrícola Familiar -UAF- la máxima cantidad de tierra que se considera vital para la sobrevivencia digna de una familia. Este cambio era significativo y tenía especial aplicación en la Orinoquia, pues permitía a los pequeños adjudicatarios de tierras del antiguo Incora (hoy Incoder) comercializar sus parcelas y crear empresas asociativas de gran tamaño, de tal manera que tuvieran mayor capacidad para realizar las millonarias inversiones que se requieren en este caso de la Altillanura.

Pero lo que para el gobierno era un mecanismo para estimular la participación de los inversionistas privados en el proyecto, para el Polo Democrático era abrir la puerta para la llegada de compañías extranjeras a comprar tierras para la agricultura en Colombia y significaba el riesgo de concentrar la tierra en pocas manos.

El senador Jorge Enrique Robledo y el representante Wilson Arias del Polo Democrático, demandaron los artículos en cuestión y la Corte Constitucional les dio la razón al declararlos inexequibles. A juicio del alto tribunal "tales medidas resultan regresivas, pues propician la concentración de la propiedad rural en un país con escasez de tierras, en desmedro de los trabajadores agrarios que dejan de ser propietarios e implica un retroceso en el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de estos trabajadores, además que puede revertir los esfuerzos que se han efectuado en materia de titulación de tierras".

Cabe destacar que cuatro de los nueve magistrados salvaron el voto, aduciendo que la Constitución Política no solo establece el deber del Estado de garantizar el acceso a la tierra, sino también el de promover el desarrollo rural integral.

Pero, aunque se trató de un fallo estrecho en su votación, la verdad es que le cambió los planes al gobierno, pues ahora está diseñando un plan B para no dejar morir el proyecto de desarrollo agrario más ambicioso \de la historia.

Aunque el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, afirma que el gobierno acatará el fallo, también admite que discrepa de él. Señala que lo propuesto en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, lejos de representar una puerta abierta sin barreras a la inversión de capitales, permitía direccionar, focalizar y coordinar desde la institucionalidad pública las inversiones. Frente a los temores por una avalancha de capitales extranjeros tras las tierras de los colombianos, el gobierno saca a relucir las cifras del Banco de la República que muestran que de cada 100 dólares que llegan al país, solo 2 van destinados al sector de la agroindustria.

Además, a través del Decreto 4944 de 2011 que reglamentó los artículos polémicos, el gobierno garantizaba que la inversión fuera transparente y respetuosa de la normativa ambiental y del ordenamiento territorial, que no se involucraran tierras despojadas y que no se concentraran en pocas manos.

Según el ministro Restrepo la decisión de la Corte, es "el regreso a un agrarismo desueto, que en vez de favorecer a los pequeños propietarios, termina perjudicándolos pues los condena a permanecer circunscritos al microfundio al prohibírseles prácticamente su derecho a la asociatividad".

Adicionalmente, considera que la sentencia perpetúa modelos de ganadería extensiva, hoy presente en gran parte del país, en perjuicio de proyectos agroforestales que avancen hacia utilizar mejor el suelo.

Tras el fallo de la Corte se vuelve al punto de partida, donde los inversionistas que quieran comprar terrenos que fueron baldíos -adjudicados a particulares- no puedan adquirir más de una UAF. Lo crítico es que dadas las características de la tierra de la Altillanura, para comenzar un proyecto se necesitará inversión en maquinaria o tratamiento de suelos que superan los 100 millones de dólares y eso, claramente, no lo pueden hacer pequeños agricultores.

Ahora bien, aunque el fallo de la Corte no se refiere a los particulares dueños de tierras, sino a los adjudicatarios de predios del antiguo Incora, el problema es que muchos de los grandes inversionistas nacionales, extranjeros o mixtos, que han estado interesados en desarrollar la Altillanura, necesitan contar con un esquema de asociación de los pequeños propietarios. En la zona tienen puestos sus ojos poderosos grupos económicos, entre ellos Santo Domingo y Sarmiento.

Al gobierno le preocupa que muchas de estas potenciales inversiones se puedan frenar. De hecho, desde que se conoció el fallo, unos 800 millones de dólares que estaban planeados en diferentes proyectos para la zona quedaron engavetados. Según el presidente de la SAC, Rafael Mejía, para desarrollar este territorio es necesario tener economías de escala y con el fallo de la Corte se ahuyenta a los inversionistas.

El gobierno no contaba con este fallo y sus planes en la Orinoquia iban a toda máquina. Ya está prácticamente listo un documento Conpes que traza la ruta para desarrollar ordenadamente la región. Para tener una institucionalidad pública que se ocupe del proyecto se plantea crear una corporación para el desarrollo de la Altillanura, que será temporal y haría las veces de coordinador entre el gobierno nacional y los departamentales y municipales.

Para transformar este territorio en el gran proyecto agropecuario, el gobierno debe emprender muchas tareas definidas por el Conpes. Entre ellas cómo se desarrollará la investigación, ciencia y tecnología fundamentales en temas como este, que en el Cerrado Brasilero fueron pieza clave del éxito. Tambiénel tratamiento ambiental, pues el gobierno evitará allí se presente una colonización que arrase con todo. Uno de los aspectos críticos para el éxito de la Altillanura tiene que ver con la infraestructura que permita la integración productiva de la zona con la economía local e internacional. En este sentido, el Conpes propone varios proyectos para garantizar la navegabilidad del río Meta y obras viales que permitan el transporte de carga. También se ocupa de promover programas de inclusión social para atender la actual población y a quienes llegarán como consecuencia de un desarrollo como el propuesto. Igualmente se contemplan inversiones importantes en interconexión eléctrica.

Por ahora estos planes están en el papel, pero el ministro de Agricultura dice que el gobierno no se resignará a parar el proyecto de la Altillanura. Hay un plan B que, asegura, no se saltará lo dicho por la Corte Constitucional. El gobierno espera conocer el fallo completo para hacer una nueva apuesta que permita a los históricos beneficiarios de la reforma agraria y a quienes hoy detentan tierras improductivas, convertirse en jugadores estratégicos del desarrollo y aliados del flujo del capital privado. Una de las opciones es presentar un proyecto al Congreso que permite que los agricultores de pequeñas parcelas puedan tener esquemas de asociación sin tener que salir de la propiedad de sus predios.

En síntesis, el éxito del sueño del Cerrado Colombiano dependerá de la forma como se asocien los pequeños y medianos propietarios con los grandes inversionistas y de que se evite que la tierra se concentre en pocas manos, un error muy criticado por algunos en Brasil y otros países. Pero, si el país quiere ser más competitivo, ganar en productividad y convertirse en una despensa mundial de alimentos, cuando los precios seguirán altos en los próximos 50 años, tiene que tener una visión del desarrollo rural más moderna. El gobierno está dispuesto a dar esta batalla hasta el final.