Al menos 148.000 habitantes de la ciudad de Yopal y del municipio de Aguazul, en el departamento de Casanare se encuentran en alto riesgo de vulneración de sus derechos por cuenta de la pretensión de tres grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC - Clan del Golfo), de retomar y consolidar el control en esa región del oriente país. 

Así quedó evidenciado luego de que la entidad emitiera la Alerta Temprana 023-2023, en la que detalla los factores de amenaza que representan para la población civil los tres grupos armados. 

“La Alerta Temprana muestra que existe una reactivación y consolidación de estructuras insurgentes y de los reductos de los grupos sucesores del paramilitarismo. También evidenciamos que tienen la pretensión de retomar las áreas donde ejercieron control territorial”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La Alerta Temprana, la cual fue entregada al Ministerio del Interior, evidencia los riesgos debido a la presencia de las disidencias de las Farc, de los frentes 10 y 28. Este grupo realiza acciones armadas, publicitarias y mediáticas, presiona a las comunidades y recaba finanzas para su reconfiguración y posicionamiento regional.

La guerrilla del ELN, por su parte, no solo ejerce presiones contra la población, también lo hace contra liderazgos sociales y recluta niñas, niños y adolescentes. Así mismo, y de acuerdo con el documento de advertencia de la Defensoría del Pueblo, las fuerzas de seguridad del Estado y sus instalaciones, en los cascos urbanos de Aguazul y Yopal, han sido blanco de las acciones criminales de ese grupo armado.

Otra fuente de amenaza para las dos poblaciones es configurada por las AGC-Clan del Golfo. Sus miembros quieren consolidarse en la región para afianzarse en las labores ilícitas de microtráfico hacia el centro del país, pero también para extenderse a través de corredores de narcotráfico hacia Venezuela, Brasil, Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

“Entregamos 32 recomendaciones para que el Gobierno y las autoridades locales atiendan los riesgos evidenciados en la Alerta. Urge la puesta en marcha tanto de acciones preventivas como de carácter humanitario para evitar la presencia y consolidación de estos grupos armados ilegales, que quieren someter a la población”, puntualizó el Defensor del Pueblo.