El alcalde de Monterrey, Alejandro Ballesteros, expresó su preocupación por la obligación que tienen los municipios de asumir, con recursos propios, la alimentación y manutención de personas privadas de la libertad (PPL), pese a las limitaciones presupuestales que enfrentan muchas administraciones locales.
“El municipio destinó alrededor de 110 millones de pesos mediante 12 Documentos de Planeación y Seguimiento (DPS) firmados el pasado 28 de abril, en cumplimiento de una sentencia que nos condiciona a garantizar los derechos de los PPL, en convenio con el INPEC”, explicó el mandatario.
Ballesteros también señaló que Monterrey hace parte de un convenio junto a Villanueva, Tauramena y Sabanalarga, en el que se aportaron cerca de 194 millones de pesos para garantizar derechos de personas indiciadas y sindicadas, incluyendo menores y adolescentes que permanecen en el CESPA y el CRA.
El alcalde informó que esta situación representa una carga considerable para las finanzas municipales, especialmente cuando se trata de personas que aún no han recibido sentencia. “Estos recursos salen del presupuesto propio y, en muchos municipios pequeños, no superan los 3, 4 o 10 millones de pesos, lo que hace difícil cumplir con estos compromisos”, agregó.
Aunque en Monterrey no hay una cárcel como tal, en el centro de atención transitoria se han atendido a 22 personas privadas de la libertad durante 2025, a quienes se les ha garantizado su manutención.
Finalmente, lamentó que estos recursos no puedan ser destinados a otras necesidades locales: “Ese dinero podría invertirse en infraestructura, programas sociales u otras prioridades del municipio, pero termina siendo absorbido por esta obligación legal”.
El alcalde hizo un llamado a una revisión del modelo de financiación para los Privados de la libertad destacando que también el INPEC presenta falencias presupuestarias.