Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, este 10 de julio la JEP confirmó la imputación por graves delitos de tortura, tratos inhumanos y degradantes a seis miembros del Ejército Nacional por ‘falsos positivos’ en Casanare. la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.

En medio de su investigación, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Los informes de necropsia permitieron establecer que, antes de asesinarlos, sufrieron golpizas, fracturas en distintas partes del cuerpo y violencia psicológica, entre otros atroces hechos calificados como tortura. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate, lo que en el país se conoce como falsos positivos.

Los magistrados, con los testimonios y su contrastación, pudieron concluir que las víctimas antes de ser asesinadas fueron sometidas a violencia física y psicológica. Varios de estos hechos constituyeron actos de tortura contra personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional en Casanare.

Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.

Los seis comparecientes del Ejército llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP.

En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.