En una audiencia en Yopal de más de doce horas que inició hacia las 8:45 de la mañana de este lunes 18 de septiembre, familiares de víctimas de falsos positivos enfrentaron a sus victimarios, que aceptaron responsabilidad en la comisión de crímenes extrajudiciales cometidos en Casanare por tropas de la XVI Brigada entre 2005 y 2006. En la diligencia, mandos militares respondieron por cerca de 300 'falsos positivos' cometidos en Casanare durante el conflicto armado.

Los familiares de las personas asesinadas por militares, reclamaron conocer el nombre de quien dio la orden para matar a 303 personas campesinas y hacerlas pasar por guerrilleros.

“En su artilugio para engañar a las víctimas se han quedado cortos de inteligencia. No pueden excusarse de hablar de que muchos de ustedes son culpables solamente por omisión, por la ineptitud del cargo y directamente hablamos de William Torres Escalante, quien, al parecer, sobre el velo de la ineptitud, prefiere ocultarse y no decir que era un criminal de guerra”, señaló Andrey Pérez, familiar de Beyer Ignacio Pérez, asesinado por militares y presentado como baja operacional en combate.

 Víctimas y victimarios señalaron al general (r) Torres Escalante, entonces comandante de esa unidad militar, como uno de los máximos responsables de la comisión de esos crímenes investigados dentro del subcaso Casanare del macrocaso 03 - asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado -.

Andrey Pérez, refutó lo mencionado por el exmilitar en el sentido de que solo iba a responder ante la justicia por hechos ocurridos entre 2005 y 2007, tiempo en que fungió como comandante de la Brigada. “Se le olvidó que desde 2003 hasta 2004 fue general de operaciones del B3, por lo tanto, usted sabía, tenía y tiene el deber de revelar cada una de las acciones de sus comandantes en ese momento. Usted no lo está haciendo, se escuda en la omisión”, expuso.

Durante la audiencia, comparecientes como el teniente (r) Marco Fabián García sostuvo que el ex alto mando militar le entregó 45 millones de pesos por alterar expedientes sobre los falsos positivos para cambiar las versiones que entregó en la jurisdicción ordinaria.

“Yo recibí dineros con el fin de cambiar versiones, pero hoy es momento de la verdad y así como lo estoy nombrando y exaltando, yo fallé tanto en la justicia ordinaria como en la JEP en cambiar versiones (...) Recibí dineros del general Torres Escalante, fueron 45 millones de pesos, hubo un intermediario que nombré en una de las diligencias. Esos hechos sí sucedieron y yo creo que no estoy tapando nada”, explicó ante las preguntas de la magistratura y las víctimas que manifestaron no quedar satisfechas por su versión sobre falsos positivos de Daniel Torres Arciniegas y Roque Julio Torres, asesinados por soldados que estaban a su mando.

 De paso, reconoció no haber entregado anteriormente los aportes plenos a la verdad, por lo que pidió perdón a las víctimas de los crímenes cometidos. “He fallado en varias versiones donde he dicho versiones que no son verdad. Mi vergüenza con las víctimas, causada con mis acciones criminales, no tiene excusa alguna”.

 Luego de la confrontación que tuvo el exmilitar con una de las víctimas, el magistrado Oscar Parra aseguró que lo dicho por García sobre mentir a la JEP fue grave y que ese hecho tendrá consecuencias dentro de su sometimiento.

Otra de las que alzó la voz fue Derly Patiño, la esposa de un campesino asesinado por los militares que fue presentado como guerrillero dado de baja en combate. "¿Quién les dio la orden?", preguntó Patiño al mayor general (r) Henry Torres Escalante, a otros 13 oficiales, siete suboficiales, un funcionario del extinto DAS y dos terceros civiles. Patiño, que estaba descalza se fue quitando varias camisetas blancas en las que estaban la foto de su esposo asesinado y otras de más víctimas. "Nuestras vidas quedaron rotas, preguntándonos por qué mataron a nuestros familiares", dijo con voz quebrada a los militares.

En la diligencia, los 21 militares de la Brigada XVI del Ejército en Casanare, reconocieron que los asesinatos cometidos eran a cambio de ascensos, vacaciones y otras prebendas por "resultados" en la lucha contra la guerrilla.

 El sargento segundo retirado del Ejército, Faiber Alberto Amaya Ruiz, aceptó su responsabilidad. "Con vergüenza, dolor y tristeza vengo ante ustedes a reconocer mi responsabilidad en la participación de los delitos de junio de 2005 a abril del 2007, como coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, que constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra", declaró.

 El exmilitar admitió que tuvo varios roles criminales, entre ellos hacer acusaciones falsas contra campesinos asesinados, con lo que "en lugar de ser investigado y sancionado, fui premiado con un curso en Estados Unidos por tres meses".

Mientras tanto, el teniente retirado Fabián García Céspedes, aseguró ante la JEP que, cuando estuvo recluido en el fuerte Tolemaida del Ejército, recibió 45 millones de pesos (unos 11.500 dólares de hoy) para no involucrar al mayor general Torres en el asesinato de dos campesinos.

Por su parte, el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha exjefe de la Unidad de Inteligencia del Gaula Casanare entregó una de sus medallas obtenida por su participación en 'falsos positivos', también reconoció su participación en la comisión de estos crímenes durante el conflicto armado y dijo que obtuvo varias distinciones y menciones de felicitación.

 “Desaparecí, aporté a la desaparición forzada de personas inocentes y posteriormente a su asesinato, precisamente no cumpliendo con las funciones que debía cumplir como jefe de Unidad de Inteligencia. De esa manera aporté a que todo este macabro entramado criminal continuara desde el momento que llegué a esa brigada”, expuso en medio de la audiencia.

En su relato describió la forma en que los soldados de la Brigada lo abordaban para pedirle labores de seguimiento a civiles identificados como “miembros de un grupo ilegal” y que posteriormente fueron asesinados. También sostuvo que fue sancionado por no hacer caso a esas solicitudes de perfilamiento.

 Durante el acto de entrega, el exjefe de la Unidad de Inteligencia del Gaula Casanare dijo que no merecía el reconocimiento, motivo por el cual dispuso de este ante la magistratura y familiares de las víctimas.

El siguiente en realizar un acto de reconocimiento, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, que comandó el Gaula Casanare entre junio de 2006 y el 31 de octubre de 2007. De acuerdo con el expediente que reposa en el tribunal de justicia transicional, en ese periodo la unidad reportó 83 personas como bajas en combate en 60 eventos en los que se presentaron bajas operacionales de civiles identificados como guerrilleros abatidos.

 Además, la Sala de Reconocimiento determinó su responsabilidad en la expansión y robustecimiento “de la suborganización criminal instalada en el Gaula Casanare, que multiplicó las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate y que fueron presentadas a su vez como resultados de la Brigada XVI”, de acuerdo con lo señalado por el magistrado Parra.

Durante su intervención, el exmilitar se refirió a una bandera con el mensaje “¿Quién dio la orden?” colgada en el auditorio Quiripa de la Cámara de Comercio de Casanare y en la que aparecieron exmandos militares como Wilson Camargo, el propio Soto Bracamonte, Torres Escalante, César Augusto Combita Eslava y Orlando Rivas Tovar.

“Quiero reconocer mi responsabilidad en el cartel que está aquí presente, donde reconozco que soy responsable de todos los asesinatos del Gaula Militar Casanare, pero considero que hizo falta la fotografía del señor general Mario Montoya Uribe y también la del señor general Guillermo Quiñones Quiroz, porque ellos también aportaron a que acá hubiese un derramamiento de sangre con las exigencias y evaluaciones que nos hacían en mi folio de vida”, sentenció el compareciente.