Cuatro concejales del municipio de Monterrey alzaron su voz de protesta frente a lo que califican como graves irregularidades en la aprobación de un proyecto de acuerdo que autoriza al alcalde a endeudar al municipio por 20 mil millones de pesos durante los próximos ocho años.

El concejal Carlos Romero explicó que la iniciativa, aprobada en segundo debate a altas horas de la noche, faculta al mandatario local para contratar un empréstito en cualquier banco, sin condiciones claras sobre tasas de interés, ni planes de pago. “Es prácticamente un cheque en blanco que hipotecará las finanzas del municipio, comprometiendo los recursos provenientes del impuesto de transporte de hidrocarburos, con los cuales se financian programas de educación, deporte, cultura, adulto mayor, vivienda y servicios públicos”, señaló.

Romero agregó que el endeudamiento se aprobó sin la debida socialización con la comunidad, sin que los proyectos en los que se inveretiría el dinero tengan concepto de Corporinoquia, pasando por alto la opinión negativa del Consejo Territorial de Planeación y saltándose el reglamento interno del Concejo. “Se alteró el orden del día, se votó sin aviso y en ausencia de estudios técnicos, diseños y permisos ambientales o prediales. Esto tiene vicios de ilegalidad evidentes”, afirmó.

Por su parte, el concejal Andrés Vega, denunció que los cuatro cabildantes opositores estaban recusados por la comunidad y que la notificación de levantamiento de la recusación llegó horas después de la votación. “No teníamos garantías. Además, el proyecto solo estaba citado para segundo debate, pero se sometió directamente a votación, violando el reglamento interno”, indicó. Vega también reprochó que la administración no asistiera a explicar cómo se invertirían los recursos, ni presentara soportes financieros.

El concejal Pedro Cocolo fue aún más crítico y recordó que el alcalde nunca habló de endeudamiento en campaña, sino de gestión de recursos externos. “Hoy pone a la comunidad a pagar 4.200 millones de pesos anuales durante ocho años, dinero que debería ir a programas sociales. Monterrey no tiene capacidad de pago. Los anteriores alcaldes hicieron obras sin endeudar al municipio. Aquí hay engaño y falta de transparencia”, advirtió.

Los concejales también cuestionaron la destinación de los recursos, pues algunos barrios que se pretenden pavimentar no están legalizados y el lote donde se construirían 40 viviendas podría estar clasificado como rural, lo que impediría su urbanización sin una actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial.

A las denuncias políticas se sumaron acciones legales. El abogado acompañante informó que se han presentado tutelas, demandas de nulidad y una acción popular suscrita por 35 ciudadanos ante los juzgados administrativos de Yopal, con el fin de suspender el endeudamiento y proteger los recursos públicos.

Los cabildantes insistieron en que no se oponen a las obras, sino a la forma en que se pretende financiarlas. “El municipio tiene recursos. Este año aprobamos un presupuesto de 56 mil millones y quedaron 21 mil millones del superávit. No es cierto que falte dinero. Lo que pedimos es gestión ante el departamento y la Nación, no hipotecar el futuro de Monterrey”, indicaron los concejales. 

Finalmente, hicieron un llamado al Tribunal Administrativo de Casanare y a los juzgados municipales y administrativos para que estudien de fondo las presuntas irregularidades y actúen con celeridad. “Estamos defendiendo el derecho de la comunidad”, insistieron.