El Tribunal Administrativo de Casanare confirmó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público en el caso de la inversión irregular de regalías del departamento, pero ajustó las responsabilidades frente a entidades nacionales y particulares.

El proceso inició con una acción popular presentada en 2008 por el ciudadano Oswaldo Páez Mendoza, que denunciaba la desviación de $63.000 millones de pesos de regalías petroleras hacia patrimonios autónomos privados, a través de contratos de cesión de derechos con pacto de readquisición, firmados por funcionarios de la Gobernación de Casanare, durante la Administración de Whitman Porras, con varias fiduciarias y particulares. Según la demanda, al menos $49.000 millones más intereses estaban en riesgo de pérdida.

En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo de Yopal (9 de noviembre de 2023) declaró probada la vulneración y ordenó la restitución de los recursos. En su decisión, determinó que el Departamento de Casanare debía adelantar las acciones jurídicas, administrativas y financieras para recuperar el dinero. Además, responsabilizó a las fiduciarias involucradas —Fiduagraria S.A. y Fidupetrol S.A. (esta última ya liquidada)— y a varios particulares beneficiados.

Los patrimonios autónomos y particulares señalados en esa primera decisión fueron:

Green Mountain Consulting S.A. (administrado por Fiduagraria): $7.492 millones.

Casacol S.A.S. (Fiduagraria): $11.000 millones.

Viaducto Muña (Fiduagraria): $3.000 millones.

Consorcio Carbonífero Chacón Bernal Asociados Ltda. (Fiduagraria): $2.554 millones.

Unión Temporal Carbones Likuen (Fidupetrol): $25.000 millones + $2.500 millones.

La sentencia también mencionó a personas naturales vinculadas como integrantes de estas sociedades o consorcios, entre ellos Leovigildo Chacón Reyes, Sandra Lorena Chacón Bernal, Mario Alexander Chacón Bernal, Mariluz Ayala Mejía, Jorge Rafael Delgado González, Modesto Molina Murcia, Pablo Antonio Ávila López, así como accionistas y representantes de Casacol, Green Mountain Consulting y la Unión Temporal Carbones Likuen .

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare (8 de septiembre de 2025) confirmó que los derechos colectivos sí fueron vulnerados, pero precisó que la acción popular no reemplaza al juez natural de la contratación estatal. En consecuencia, revocó las órdenes contra Fiduprevisora S.A., que había sido vinculada como sucesora procesal de Fidupetrol, y aclaró que no existe fundamento para responsabilizarla.

No obstante, el Tribunal mantuvo la responsabilidad de Fiduagraria S.A. y de los particulares beneficiados con las operaciones fiduciarias. Ratificó que los dineros deben restituirse y que el Departamento de Casanare debe encabezar las acciones de cobro judicial o administrativo para recuperar los recursos públicos.

En suma, la justicia reconoció que se desviaron más de $63.000 millones de regalías, de los cuales permanecen pendientes de recuperar $49.000 millones más intereses. Las obligaciones recaen en Fiduagraria S.A. y los patrimonios autónomos Green Mountain Consulting, Casacol, Viaducto Muña, Chacón Bernal Asociados y la Unión Temporal Carbones Likuen, así como en sus socios y representantes. Por su parte, Fiduprevisora S.A. fue exonerada de responsabilidad, y el Departamento de Casanare tiene la carga de ejecutar las acciones necesarias para reintegrar el dinero a su destinación legal en salud, educación y programas sociales.