El Ministerio de Defensa Nacional ofreció un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas por las decisiones judiciales que han determinado la existencia de 27 víctimas de ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”) en Casanare.

El evento fue acompañado por representantes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo que ha documentado más de 300 casos de falsos positivos cometidos en el departamento, así como la vinculación de alrededor de 300 miembros del Ejército y 29 máximos responsables, entre ellos altos oficiales.

Según lo explicó el Magistrado de la JEP, Óscar Parra, este reconocimiento hace parte del proceso de reparación y dignificación de las víctimas. “Estamos en la recta final de la determinación del universo total de víctimas en Casanare. Hemos identificado hechos ocurridos principalmente entre 2002 y 2009, y seguimos avanzando en la precisión de responsabilidades y sanciones restaurativas”, indicó.

La jurisdicción anunció que se encuentra próxima a emitir una resolución de conclusiones en la que se valorarán los reconocimientos de responsabilidad, los proyectos de sanción y los caminos restaurativos que garanticen la no repetición de estos crímenes.

Respecto al proceso del general Henry Torres Escalante, uno de los oficiales investigados en este macrocaso, la JEP señaló que se está evaluando su grado de reconocimiento y las reparaciones ofrecidas a las víctimas, luego de que estas consideraran insuficiente su propuesta inicial.

El funcionario también se refirió a los desafíos presupuestales de la jurisdicción, recordando que las sanciones restaurativas dependen del apoyo del Gobierno Nacional y del Congreso, en materia de políticas públicas y recursos. “La JEP es un órgano judicial; corresponde al Ejecutivo y al Legislativo garantizar los mecanismos que permitan implementar plenamente las sanciones”, puntualizó.

Finalmente, la JEP reiteró su compromiso de continuar el proceso con celeridad y transparencia: “Aún falta mucho por esclarecer y por reconocer, pero hemos avanzado más allá de lo que la justicia ordinaria había logrado. Seguiremos impulsando la verdad, la responsabilidad y la dignificación de las víctimas, para que estos hechos jamás se repitan en Colombia.”