La Mesa Nacional de Participación de las Víctimas llegó al departamento de Casanare con el propósito de escuchar a las mesas municipales y departamentales, identificar las principales problemáticas del territorio y fortalecer la articulación institucional para avanzar en la implementación de la Ley 1448 de 2011 y los compromisos del Acuerdo de Paz.

Durante el encuentro, la coordinadora nacional Eucaris Salas, informó que, aunque recientemente la Unidad para las Víctimas entregó 187 cartas de indemnización en el departamento, la cifra sigue siendo baja frente al número total de personas reconocidas como víctimas en la región. “Sabemos que hay limitaciones presupuestales, pero las víctimas reclaman proyectos productivos, acceso a vivienda y oportunidades de educación”, señaló.

La representante explicó además que la reforma de la Ley 1448 en 2024 busca garantizar una mayor asignación de recursos y agilizar los procesos de reparación. Sin embargo, advirtió que, de mantenerse el ritmo actual, “Colombia tardaría entre 60 y 80 años en reparar a todas las víctimas”, según informes de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo.

Por su parte, la delegada Diana Ríos, integrante de la Mesa Nacional por Casanare, expresó que en el departamento existen más de 86.000 víctimas registradas, y que muchas de ellas aún no se sienten reparadas. “Hay madres y familias que siguen buscando la verdad sobre sus seres queridos desaparecidos. Esperábamos más acciones concretas por parte de la JEP para cerrar esos duelos”, indicó.

El encuentro, que se desarrolla durante tres días en Yopal, incluye la participación de las mesas municipales y departamental, la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Yopal, y entidades nacionales. Su objetivo es escuchar los avances, revisar compromisos y elaborar un documento diagnóstico que refleje las necesidades del territorio.

Los representantes locales resaltaron que, aunque en Yopal se han logrado avances como la política pública de vivienda con puntaje diferencial para víctimas, la construcción del Parque de la Memoria y programas de emprendimiento y empleabilidad, aún es necesario fortalecer la atención integral y garantizar una verdadera reparación en todos los ámbitos: social, psicosocial y económico.

La Mesa Nacional concluyó que el reto principal es garantizar que las políticas públicas lleguen realmente a los territorios, evitando la centralización de los recursos y permitiendo que las víctimas sean escuchadas y reconocidas de manera efectiva.