El concejal de Yopal, Leonardo Infante, alertó sobre un posible detrimento patrimonial en el Instituto Financiero de Casanare (IFC), debido a los gastos en que está incurriendo la entidad al emprender procesos de cobro de cartera antigua que, según indicó, presentarían inconsistencias jurídicas o serían deudas inviables. 

El cabildante explicó que, tras un análisis de decisiones judiciales, se evidenció que mientras algunos juzgados administrativos niegan mandamientos de pago por considerar estas deudas como no exigibles, en juzgados civiles sí se estarían ordenando embargos contra ciudadanos.

Infante señaló que esta situación motivó la interposición de una acción popular con el fin de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa. Según afirmó, existen casos en los que incluso los mismos juzgados civiles han comenzado a revertir decisiones, levantando embargos y ordenando la devolución de recursos, además de condenar en costas al IFC, lo que implicaría que la entidad deba asumir gastos de defensa jurídica de los demandados.

El concejal también cuestionó el uso de cobro coactivo por parte del IFC, mecanismo mediante el cual, aseguró, se han intensificado los embargos a ciudadanos por deudas antiguas, algunas de ellas presuntamente prescritas. Indicó que se han presentado casos donde, por obligaciones cercanas a los 15 millones de pesos, se han embargado bienes como viviendas, vehículos y cuentas bancarias, incluso superando el valor de la deuda.

Infante reiteró que será la justicia la que determine si estos cobros deben continuar o suspenderse definitivamente. Mientras tanto, invitó a los ciudadanos afectados a informarse y buscar asesoría, al tiempo que insistió en la necesidad de una decisión de fondo que brinde claridad jurídica y evite mayores afectaciones tanto a la comunidad como a las finanzas públicas del departamento.