Entre los contratos de la Asociación de Municipios del Caribe – Aremca -, que investiga la Fiscalía General de la Nación por presunta corrupción cometida con recursos del Sistema General de las Regalías, figura uno en Casanare, que llama la atención por el probable desvío de recursos destinados a comunidades indígenas. 

El 23 de enero de 2024 Emilia Álvarez, directora de Aremca, emitió una resolución por medio de la cual se adjudicó un contrato, cuyo objeto era la implementación de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la comunidad indígena Resguardo Caño Mochuelo con la reforestación productiva en el municipio de paz de Ariporo.

Este contrato fue suscrito por un valor superior 6.759 millones de pesos en un plazo de 60 meses.

“El 24 de enero de 2024 la directora de Aremca y Juan José Cepeda Pérez de Mopen S.A.S suscribieron un contrato ambiental, mismo que se reputa no cumple con los requisitos legales esenciales”, dijo el fiscal delegado, al revelar que también se indaga un peculado por apropiación, porque en un interceptación telefónica realizada a Luis Soto Caraballo, uno de los nueve primeros capturados por este escándalo, este aseguró que “De ahí no se hizo absolutamente nada y esa plata, se la comieron con los indios”.

Cartel de direccionamiento de contratos

El fiscal delegado señaló que se trata de todo un ‘cartel de direccionamiento de contratos“, que se valió de la creación de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) para concentrar la ejecución de millonarios proyectos financiados con los recursos de las regalías.

Los investigadores advirtieron que los capturados diseñaron un manual de contratación prohibido y con base en ello lograron el direccionamiento de más de cien contratos que entregaron a dedo.

Ante las pruebas recolectadas se estableció que los implicados entregaron de manera directa los contratos objeto de investigación y por ello, la Fiscalía concluyó en denominar a esta práctica criminal como ‘Los contrata - dedos’.

La Fiscalía puso en evidencia el entramado de corrupción que utilizaba la figura de esquema asociativo de municipios para direccionar contratos de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), en medio de irregularidades en su ejecución y apropiación de dineros públicos.

La Asociación de Municipios de Caribe, fue designada como ejecutora de regalías por parte de alcaldías y gobernaciones, y así oriento ilegalmente y entregó de manera directa 101 proyectos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos. Nueve de los señalados involucrados en las conductas ilícitas fueron capturados por servidores del CTI.

Firmas de ingenieros contratados como monitores de rutas escolares

Otro de los casos que generó la sorpresa de los investigadores fue un convenio que, aunque se enunciaba como un contrato de obra, realmente se estableció que era de prestación de servicios de transporte escolar por un momento que ascendía a los 4.600 millones de pesos, para la vigencia 2025 en el municipio de Sabana de Torres (Santander).

En la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) se cargó el 3 de febrero de 2025 los estudios previos del contrato que no contaba con firmas ni fecha de elaboración.

En la ciudad de Barranquilla entre el 13 y el 18 de febrero de 2025 suscribieron de manera indebida un contrato y la respectiva interventoría con Emilia Álvarez directora ejecutiva de Aremca por más de 5.060 millones de pesos, cuyo objeto era de trasporte escolar.

“En el SECOP no se encuentran cargados los documentos referentes a la resolución de apertura, invitación, propuesta presentada, la cantidad de oferentes. Tampoco se encuentra el informe de evaluación en el que se define si el proponente cumple con los requisitos habilitantes y ponderables para ser adjudicatario del proceso contractual, ni la resolución de adjudicación del proceso de contractual, o sea, nada, aparece de un momento a otro un contrato”, dijo.

El fiscal enfatizó: “En resumidas cuentas, en este caso, ustedes colocaron una firma de ingenieros a verificar si subían niños o no subían niños a las rutas escolares”.

El millonario contrato para realizar un preicfes

Entre el 19 y el 28 de febrero de 2024, los delegados de Aremca tramitaron y celebraron indebidamente, mediante decreto expedido por el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, un contrato con Aremca. El objeto de este contrato era la implementación de herramientas didácticas y tecnológicas como apoyo al fortalecimiento educativo de los estudiantes y docentes en el ejercicio de la formación para las pruebas Saber Pro, vigencia 2024 de las instituciones educativas oficiales del distrito de Santa Marta por un valor de 15.684 millones de pesos.

“Es decir, en términos coloquiales, suscribieron un contrato de prestación de servicios para hacer un preicfes de 15,000 millones de pesos en Santa Marta”, indicó la Fiscalía.