A través de un instructivo dirigido a ministros de despacho, directores y gerentes de la administración pública, comandantes de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional, mandatarios territoriales, funcionarios públicos y a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación formuló nuevamente precisiones y recomendaciones relacionadas con las limitaciones para participar en los eventos y controversias de las campañas.

Este organismo de control reiteró que a los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Ejecutiva, Judicial, en los órganos electorales, de control y seguridad, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, así como la utilización del empleo para presionar a los ciudadanos o subalternos a respaldar una campaña política, conductas que constituyen causal de mala conducta.

En el instructivo se recuerda además que la Fuerza Pública no es deliberante y los miembros que la conforman, mientras permanezcan en servicio activo, no podrán intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.

Manejo de los recursos y actos públicos

La Procuraduría General de la Nación exhortó a los ordenadores del gasto, para que los proyectos y compromisos de inversión que ejecuten en ejercicio de la función administrativa en época electoral, respondan a criterios razonablemente técnicos y no se utilicen como instrumentos de indebida “presión” con propósitos electorales.

En ese orden, en los actos públicos de rendición de cuentas o en cualquier acto público convocado por las administraciones distritales, departamentales y municipales, no pueden efectuarse o insinuarse actividades de naturaleza proselitista, pues ello implica desequilibrio de la actividad electoral.

Finalmente este organismo de control recordó a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, así como a los directores, jefes y voceros de las campañas, que no se puede presionar al electorado ni limitar el libre ejercicio del derecho fundamental a elegir y ser elegido.